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La mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la apertura de un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió la continuidad del proceso en el debate de poco más de trece horas que concluyó hoy.
De los 60 diputados que se inscribieron para participar en el debate, que terminó de madrugada a las 04.43 hora local (07.43 GMT), 39 defendieron que la comisión apruebe el informe presentado el jueves por su relator y que recomienda la apertura del juicio político con fines de destitución. Tan sólo una veintena de legisladores alegó que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con él, estaría impulsando una ruptura constitucional, y uno de los parlamentarios se declaró indeciso.
La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen fundamentos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales.
El debate precedió a la votación programada para el próximo lunes en la que los diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y dan luz verde al proceso. La Comisión -integrada por representantes de todos los partidos brasileños representados en el Congreso- tan sólo tiene la misión de determinar si existen bases jurídicas para dar continuidad al juicio político.
En caso de que se pronuncie en favor del proceso, el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta al juicio de destitución. El debate se centró en la legalidad de los argumentos incluidos en la denuncia contra la jefe de Estado.
"Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad (contra la mandataria)", asegura el informe.
El instructor afirma en su texto que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los "crímenes de responsabilidad" previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales constituyen "crímenes de responsabilidad".
En el debate podían intervenir tanto los miembros de la Comisión, con derecho a más tiempo en su pronunciamiento, como cualquier otro diputado de la Cámara baja. Pese a que 116 diputados se inscribieron para participar en el debate, muchos desistieron de hacerlo o abandonaron el Congreso antes de tomar la palabra.
Conforme a las normas establecidas por la Corte Suprema, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en la Comisión, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados. En esa instancia seguirá adelante si es aprobado por mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) y en ese caso pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. Mientras se celebrara el eventual juicio político, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado se inclinase por la destitución de la mandataria.
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