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Un juez federal en San Francisco falló este viernes en contra del Gobierno de Donald Trump, impidiendo que pusiera fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ha permitido a más de un millón de personas de Haití y Venezuela vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La decisión del juez de distrito Edward Chen supone un alivio inmediato para alrededor de 600.000 venezolanos, cuyas protecciones habían expirado en abril o estaban a punto de vencer el 10 de septiembre. Con este fallo, los beneficiarios mantienen su derecho a permanecer en el país y a trabajar legalmente.
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Chen consideró que las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al revocar tres extensiones otorgadas por la administración anterior, excedieron su autoridad legal y fueron arbitrarias y caprichosas.
El TPS es un estatus humanitario que puede ser concedido a ciudadanos de países donde las condiciones hacen inseguro el retorno, ya sea por desastres naturales, conflictos armados, inestabilidad política u otras circunstancias extremas. Las designaciones suelen durar seis, doce o dieciocho meses, y pueden ser renovadas en tanto persistan las condiciones graves. Bajo esta protección, los beneficiarios no pueden ser deportados y tienen autorización para trabajar.
Tras asumir su cargo, Noem revocó las extensiones que habían sido concedidas a migrantes de Venezuela y Haití, bajo el argumento de que ambos países habían mostrado mejoras y que mantenerlos en un programa de carácter temporal ya no respondía al interés nacional. Su decisión provocó la demanda que ahora fue resuelta en los tribunales.
La situación sobre el terreno, sin embargo, contrasta con esa valoración. Millones de venezolanos han huido en los últimos años de un país golpeado por hiperinflación, hambre, desempleo masivo, corrupción política y mala gestión económica, factores que han derivado en una de las crisis migratorias más grandes del mundo.
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En el caso de Haití, el TPS fue otorgado por primera vez en 2010, tras el devastador terremoto de magnitud 7,0 que dejó cientos de miles de muertos y heridos, además de más de un millón de personas sin hogar. A más de una década, la isla caribeña enfrenta hambre generalizada, violencia de pandillas y una creciente crisis humanitaria.
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