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La Fiscalía General de Brasil ha pedido al Tribunal Supremo la anulación de un decreto firmado por el jefe de Estado, Michel Temer, que flexibiliza las reglas para conceder indultos y pudiera beneficiar a condenados por corrupción.
"Sin ninguna razón específica, se amplían los beneficios y se crea un potencial escenario de impunidad en el país", se afirma en un documento presentado por la Fiscalía ante el Supremo y difundido hoy por ese despacho.
El decreto firmado por Temer el pasado viernes fue criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y en uno de sus puntos establece que el llamado "indulto navideño" pasará a beneficiar a todo detenido que ha cumplido una quinta parte de la pena impuesta por la Justicia, siempre que se trate de delitos no violentos.
En el escrito entregado al Supremo por la fiscal general, Raquel Dodge, se argumenta que una persona condenada a ocho años de cárcel, una de las penas previstas por la ley para delitos de corrupción, "no llegaría a cumplir un año", pues también sería amparada por otros beneficios legales que permiten reducir el tiempo de prisión.
En un escenario de declarada crisis y repulsa a la corrupción sistemática, el decreto transmite un mensaje diverso e incongruente con la Constitución, que establece el deber de celar por la moral administrativa, el patrimonio público y el interés de la sociedad", dice el documento.
En los últimos cuatro años, decenas de políticos y empresarios del país han sido juzgados y condenados por corruptelas destapadas a partir de la llamada operación Lava Jato, que descubrió una vasta red corrupta enquistada en la estatal Petrobras.
A partir de esa investigación, fueron desveladas otras tramas que existían en todos los niveles de la administración pública, sea en los ámbitos federal, regional y municipal.
Según Dodge, "si fuera mantenido el decreto, la Constitución brasileña será desprestigiada, la sociedad dejará de creer en sus instituciones y el infractor, el transgresor de las normas penales, será el único beneficiado".
El Tribunal Supremo se encuentra actualmente en receso y retomará sus funciones en febrero próximo, pero aún así la petición presentada por la Fiscalía General puede ser examinada durante ese período, en forma cautelar, por la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes.
Fuentes del tribunal dijeron que la magistrada todavía no ha iniciado el análisis del asunto y el Gobierno explicó que, según la decisión que pueda adoptar Antunes, intentará apelar ante el pleno del Supremo, que sólo se reunirá cuando concluya el receso.
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