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Panamá inauguró este viernes una estación temporal de recepción de migrantes irregulares en San Vicente, una localidad de la provincia del Darién, a la que este año ha llegado la cifra histórica de más de 211.000 viajeros en tránsito hacia Estados Unidos tras atravesar la peligrosa selva fronteriza con Colombia.
La nueva instalación, una serie de edificios modulares, se levantó a un costo de 1,9 millones de dólares. Cuenta con 544 camas, agua potable, luz eléctrica, baños sanitarios, un tanque de reserva de agua, área de cocina y almacenamiento de alimentos, comedor y una clínica, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).
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Panamá es un país "solidario, humanitario y respetuoso de los convenios internacionales", y trabaja con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef "para darle la mejor atención a los migrantes irregulares durante su paso temporal (por el país centroamericano) y que puedan tener una estancia de forma humana y digna", dijo la directora de Migración, Samira Gozaine.
"Agradecemos a todos los que han hecho posible culminar esta obra. Hay que atender las causas estructurales de la migración irregular", añadió la directora de Migración.
En una entrevista en septiembre pasado, el entonces jefe de Misión de la OIM en Panamá Santiago Paz, dijo que esta organización ha brindado "cooperación técnica para la gestión y coordinación de albergues", como el desarrollo "de un manual de alojamientos temporales que pasó a ser política de Estado".
Con este manual, "el Estado panameño cuenta con herramientas para ver cómo puede diseñar las nuevas estaciones de recepción migratoria cumpliendo los estándares internacionales y preservando los derechos de los migrantes", dijo Paz.
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Entre enero y octubre pasado más de 211.000 migrantes irregulares llegaron a Panamá en su tránsito hacia Estados Unidos, una cifra histórica y que refleja una "crisis humanitaria" que atañe a toda la región, ha dicho el Gobierno panameño.
Panamá recibe a los viajeros irregulares en estaciones de recepción migratoria (ERM) donde toma sus datos y les ofrece alimentación y servicios sanitarios, en un operativo único en el continente que ha consumido al menos 50 millones de dólares desde el 2020, según las cifras oficiales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que decretó medidas a favor de los migrantes en mayo de 2020 debido al hacinamiento y los casos de covid en las ERM, visitó estas instalaciones en marzo pasado y posteriormente levantó las medidas ordenadas al país para garantizar los derechos a la salud y la vida de eso viajeros, informó en junio pasado el Gobierno.
