Hermanos Menéndez saldrían de la cárcel: nueva sentencia abre la puerta a una posible libertad condicional
Erik y Lyle Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989.

En una decisión histórica, un juez de California resentenció este martes a Erik y Lyle Menéndez a una pena de entre 50 años y cadena perpetua, otorgándoles la posibilidad de optar por libertad condicional, más de tres décadas después de que fueran condenados por el asesinato de sus padres en 1989.
El fallo, emitido por el juez Michael Jesic, llega al final del primer día de una audiencia que inicialmente se preveía duraría dos jornadas completas. En sus declaraciones, Jesic reconoció que "se cometió un crimen horrible", pero también subrayó el impacto que tuvieron en su decisión las múltiples cartas de funcionarios penitenciarios y correccionales que elogiaron el comportamiento y la rehabilitación de los hermanos en prisión.
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“No estoy sugiriendo que deban ser liberados hoy, pero un día deberían tener esa oportunidad”, señaló Jesic desde la sala. La decisión no implica una liberación inmediata. Ahora será la Junta Estatal de Libertad Condicional y, eventualmente, el gobernador Gavin Newsom, quienes deberán decidir si los Menéndez pueden recuperar su libertad. Una audiencia con la junta ya está programada para el 13 de junio como parte de una solicitud independiente.
La fiscalía, dirigida por el actual fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, se ha opuesto a la nueva sentencia. Hochman alegó que los hermanos “han inventado” sus acusaciones de abuso sexual y que aún no han reconocido completamente su responsabilidad. Sin embargo, tanto Erik como Lyle asumieron públicamente la autoría de los crímenes durante la audiencia.
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“Cometí un acto atroz contra dos personas que tenían todo el derecho a vivir, mi mamá y mi papá”, dijo Erik Menéndez desde prisión, vía remota. Agregó que ha vivido con “una tristeza aplastante” desde entonces y que “no había excusa” para su comportamiento.
Por su parte, Lyle expresó que en aquel entonces era “inmaduro” y “estaba lleno de rabia”, y reiteró que el motivo de los asesinatos fue el abuso sexual que, según él, sufrió durante años por parte de su padre, José Menéndez.
El caso ha polarizado a la opinión pública durante décadas, pero familiares cercanos a los hermanos testificaron el martes en su favor. La prima Diane Hernández, quien vivió con los Menéndez en Beverly Hills, describió cómo el padre ejercía un control absoluto en el hogar. “José Menéndez aterrorizaba la casa”, afirmó. “Por favor, tengan piedad”, pidió al juez.
Otros testigos, como el juez retirado Jonathan Colby y el exrecluso Anare Brown, describieron a los hermanos como “pacificadores” y “modelos de conducta” dentro del sistema penitenciario. Se destacó que Erik y Lyle han fundado diversos programas de ayuda en prisión, incluyendo iniciativas para presos con discapacidades y programas de embellecimiento institucional que recaudaron más de 250.000 dólares.
No obstante, los fiscales también presentaron argumentos para cuestionar su conducta en prisión, incluyendo violaciones recientes por uso de teléfonos celulares ilegales. Evaluaciones encargadas por la Junta Estatal de Libertad Condicional señalan que ambos representarían un “riesgo moderado” de violencia si fueran liberados.
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A la par del proceso de resentencia, los abogados de los Menéndez han impulsado una solicitud de clemencia al gobernador Newsom y un recurso de hábeas corpus con el que buscan un nuevo juicio. Alegan contar con nuevas pruebas, entre ellas, una carta escrita por Erik en 1988 donde se refería al presunto abuso paterno, lo que, según su defensa, demostraría que actuaron motivados por el miedo y no por codicia, como se argumentó en el juicio original.
Mark Geragos, abogado defensor, calificó el día como “trascendental”. “Los hermanos Menéndez han hecho un trabajo extraordinario. Hoy estamos un paso más cerca de traer a los chicos a casa”, declaró al final de la audiencia.
El gobernador Newsom, que ya ha utilizado su autoridad para negar la libertad condicional en casos polémicos como el de Sirhan Sirhan, tiene un plazo de 120 días para aceptar, modificar o rechazar cualquier recomendación de la junta. Hasta ahora, su oficina no ha emitido comentarios sobre el caso Menéndez.