Gobierno mexicano acelera extradición del 'Chapo'

El Gobierno mexicano pisó a fondo el acelerador en el proceso de extradición de Joaquín "el Chapo" Guzmán, que la defensa del capo espera frenar con un amparo contra su traslado a Estados Unidos e, incluso, un recurso ante la Suprema Corte.

El Gobierno se oponía a la extradición del líder del cartel de Sinaloa, pero después del escándalo desatado por su fuga el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros desde su celda en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el central Estado de México, cambió de opinión. Unos días después de su recaptura el 8 de enero pasado, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que se trabajaba para acelerar el proceso de entrega a la nación vecina.



El capo regresó al Altiplano, pero el 7 de mayo pasado fue trasladado a una cárcel en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos, lo que desató versiones sobre una inminente extradición. El Gobierno explicó entonces que el traslado se debía a obras en el Altiplano y desmintió oficialmente la hipótesis de la extradición inmediata dos días más tarde.



Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que concedió la extradición del narcotraficante, quien huyó por primera vez en 2001 de una cárcel de máxima seguridad, la de Puente Grande en el occidental estado de Jalisco, y fue reaprehendido 13 años después. "Las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno estadounidense cumplen con todos y cada uno de los requisitos previstos en el Tratado de Extradición" bilateral, aseguró la SRE en un comunicado, y añadió que Guzmán ya fue notificado de la decisión.



La institución destacó que "el Gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán" tras ser extraditado y juzgado en ese país. La decisión de la SRE llegó antes de que se cumplieran los plazos que la dependencia tenía para emitirla luego de que dos tribunales distintos emitieran fallos favorables a la extradición.



El Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México emitió el 16 de mayo una opinión jurídica a favor de la extradición del capo para que enfrente cargos en la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas. Dicho tribunal lo acusa de asociación delictiva, delincuencia organizada y narcotráfico por su intención de importar y distribuir 5 kilos o más de cocaína y 1.000 kilos o más de marihuana, además de lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.



Esta opinión se sumó a otra emitida el pasado 6 de mayo, en la que otro juez federal respaldó la extradición para que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California procese a Guzmán por asociación delictiva para "importar y poseer con la intención de distribuir cocaína”. La SRE tenía 20 días hábiles desde la recepción de las opiniones jurídicas para decidir sobre la extradición del capo, plazo que no llegó a su término en ninguno de los dos casos.



La defensa del narcotraficante tiene 30 días a partir de hoy para interponer un amparo, un proceso que los expertos estiman puede extenderse varios meses. Este recurso puede ser contra la fundamentación y motivación de las opiniones jurídicas favorables a la extradición o contra la inconstitucionalidad de la ley o el tratado bilateral en la materia.



Una vez resuelto el amparo, Guzmán tiene derecho a una revisión, la cual podría llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se encuentran puntos de constitucionalidad. José Refugio Rodríguez, uno de los abogados de Guzmán, aseguró hoy que la defensa promoverá en breve un amparo contra la entrega de su cliente a las autoridades estadounidenses, y que está consciente de que la "verdadera batalla" se librará en el juicio correspondiente.



En una entrevista televisiva, Rodríguez consideró que "muy probablemente" el proceso llegará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, "tal vez", a los "tribunales extranjeros”. Guzmán permanecerá, como mínimo, de uno a tres años más en México, aseguró.