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El Gobierno español entregó una carta al Vaticano, acompañada de una nota verbal, para protestar por unas polémicas declaraciones del nuncio en España, Renzo Fratini, sobre la exhumación del dictador Francisco Franco, que fue enterrado en el Valle de los Caídos cuando murió, en 1975.
En una entrevista, Fratini acusó recientemente a las autoridades españolas de querer "resucitar" a Franco por "motivos ideológicos", en relación con la decisión del gobierno socialista de exhumarlo y trasladarlo fuera del Valle, un complejo monumental estatal mandado construir por el dictador a 50 kilómetros de Madrid.
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El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, confirmó este jueves que la carta ya fue entregada por medio de la embajadora ante la Santa Sede, Carmen Peña, y añadió que existen "contactos diplomáticos" entre España y el Vaticano sobre este asunto, más allá de los procedimientos formales.
"Esperemos que el Vaticano la conteste", indicó Borrell en declaraciones en la sede ministerial.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que firma la carta, explicó el miércoles que el Gobierno iba a transmitir al Vaticano la "discrepancia absoluta" con las declaraciones de Fratini.
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"Creemos que ha sido rota la neutralidad con la que las delegaciones diplomáticas tienen que actuar. (...) Lo que se ha puesto en cuestión es una ley de los españoles, una ley de su Parlamento que es lo que el Gobierno está ejecutando y nos parece completamente inasumible", indicó Calvo en alusión a la legislación española sobre memoria histórica.
Incluso, Calvo aseguró que era necesario repensar el pago de impuestos por parte de la iglesia. "La Conferencia Episcopal ya sabe que es necesario replantear la fiscalidad de la Iglesia, y que debe pagar impuestos como en Italia o en Francia, ni más ni menos. Es una cuestión de justicia social para contribuir al sostenimiento fiscal de las políticas que ayudan a la gente".
Este jueves, el Vaticano comunicó que el papa Francisco ha aceptado la renuncia de Fratini, presentada al haber cumplido los 75 años, que marcan la edad de jubilación de los prelados.
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Lo cierto es que la Santa Sede debe dar su respuesta pues las declaraciones de Fratini no solo ha incomodado a España, sino que podría ser tomada como la posición misma de la Iglesia al respecto. Por lo tanto, lo que el Ejecutivo espera es que se aclare si lo dicho fue a título personal o es una posición oficial.
