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Los fiscales y procuradores generales de Iberoamérica expresaron su profunda preocupación por los recientes hechos acontecidos en la República del Perú, tras la destitución del presidente de ese país, Pedro Castillo, que terminó con su judicialización.
En cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, los máximos representantes de investigación de Iberoamérica hicieron un llamado rechazando todo acto de violencia contra la Fiscalía y los administradores de justicia del Perú que tienen a su cargo el proceso judicial adelantado contra Pedro Castillo, quien se ordenó que permanezca en prisión por 18 meses, tras ser procesado por rebelión por tratar de cerrar el Congreso.
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Esta decisión fue proferida por un juez supremo, que declaró fundado la solicitud realizada por la fiscalía que sustentó que existía riesgo de fuga, tras buscar un asilo en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe de Estado el pasado del 7 de diciembre.
Por su parte, el Gobierno del Perú decretó un toque de queda, en al menos 15 provincias ubicadas en ocho departamentos, de los 24 que tiene el país.
En dichas jornadas violentas se reportó la muerte de al menos seis manifestantes, lo que elevó la cifra de fallecidos desde el pasado domingo.
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“En este sentido, las y los fiscales y procuradores generales manifiestan su respaldo al Ministerio Público de la República del Perú y a su titular, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, rechazan todo acto de violencia contra la institución y sus integrantes”, señalaron los fiscales en un comunicado conjunto.
De igual forma, reiteraron “el necesario respeto por la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos, a fin de que puedan ejercer adecuadamente sus roles de investigación y defensa de la legalidad”.
La comunicación en apoyo a la justicia peruana fue firmado por fiscales del Principado de Andorra, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Portugal.
