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El Gobierno de España aprobó este martes en Consejo de Ministros un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes que actualmente se encuentran en situación irregular. La medida busca integrarlos plenamente al sistema, permitiéndoles cotizar, pagar impuestos y acceder a derechos y obligaciones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la iniciativa como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, destacando que cuenta con “triple legitimidad: social, política y económica”, además de respaldo legal y de diversos organismos.
Cambios en los requisitos y aval institucional
El Ejecutivo introdujo modificaciones al decreto tras recomendaciones del Consejo de Estado, endureciendo especialmente las condiciones relacionadas con antecedentes penales. A diferencia de lo previsto inicialmente, ahora estos certificados serán obligatorios en todos los casos, aunque el Gobierno se comprometió a facilitar su obtención para evitar que potenciales beneficiarios queden excluidos.
Según Saiz, se trata de personas que ya forman parte de la sociedad: “Conviven entre nosotros, sus hijos van al colegio con los nuestros, dan vida a nuestros pueblos y calles”.
¿Cómo funcionará la regularización?
Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo con vigencia inicial de un año, además de obtener número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria. Posteriormente, podrán integrarse de manera progresiva a las figuras previstas en la normativa de extranjería.
El proceso podrá iniciarse de forma telemática desde el 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de manera presencial a partir del 20 de abril.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la medida como un acto de “normalización” y “justicia”, subrayando que responde a una iniciativa impulsada por más de 600.000 ciudadanos y organizaciones sociales.
¿Cuántos colombianos y bajo qué condiciones pueden acceder al programa?
Actualmente, según datos del Ministerio del Interior de España, el 20% de la población que reside en el país es de origen extranjero, es decir, uno de cada cinco personas.
Los colombianos (que son casi un millón) ocupan el segundo puesto de extranjeros en España tan solo sobrepasados por los originarios de Marruecos. Le siguen los venezolanos (casi 700.000) y Rumanía con medio millón.
No se sabe con exactitud cuántos de los colombianos pueden regularizarse, pues al no estar plenamente registrados en los sistemas de seguridad social y trabajo formal en España, es complicado obtener cifras concretas.
El centro de análisis con sede en Madrid, Funcas, cifró en 840.000 las personas que viven en España en situación irregular.
Choque político con la oposición
La decisión ha reactivado la confrontación política. El opositor Partido Popular anunció una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización, pese a haber respaldado su tramitación en 2024.
Desde el PP, la dirigente Alma Ezcurra argumentó que la medida puede generar un “efecto llamada” y afectar los servicios públicos. También cuestionó la falta de claridad sobre cuántas personas se acogerán al proceso.
Saiz, por su parte, acusó a los populares de haber cambiado de postura por su acercamiento a Vox, señalando que anteriormente habían apoyado la iniciativa bajo presión de sectores sociales, incluida la Iglesia.
