El gobierno de Trump ofrece 2.500 dólares a niños migrantes no acompañados para que se “autodeporten”

El gobierno federal de Estados Unidos ha comenzado a ofrecer a los niños migrantes no acompañados de 14 años o más un pago de 2.500 dólares si deciden abandonar voluntariamente el país y regresar a sus lugares de origen. Así lo reveló un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) obtenido por el medio NBC News, enviado el viernes a abogados y proveedores de servicios legales que representan a menores en custodia.

La medida aplica a niños provenientes de países distintos a México que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), agencia adscrita al HHS. El documento sostiene que el incentivo económico busca “apoyar los esfuerzos de reintegración después de las salidas”.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de emitir los estipendios, aseguró que ya identificó a menores bajo custodia que han manifestado su intención de solicitar la “salida voluntaria”. Todas las consultas fueron remitidas al DHS, mientras que la agencia migratoria ICE negó el supuesto nombre interno de la operación, ‘Viernes Extraño’, aunque reconoció que la iniciativa está en marcha.

Emily Covington, subdirectora de Asuntos Públicos del ICE, defendió el programa al afirmar que se trata de una “opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias”. Según la funcionaria, cualquier pago se entregaría únicamente después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y el menor llegue a su país de origen.

La propuesta, sin embargo, generó una fuerte reacción entre defensores de la infancia y organizaciones de inmigración, quienes advirtieron sobre los riesgos de ofrecer dinero a menores en situación de vulnerabilidad.

“Los niños no acompañados nunca deben ser expulsados de Estados Unidos sin un proceso completo y justo para determinar si son elegibles para la protección estadounidense”, señaló Wendy Young, directora de Kids in Need of Defense. Para ella, la medida “socava las leyes” que garantizan un debido proceso y contradice el compromiso de proteger a los más vulnerables.

La inquietud se extendió a nivel local. En Nebraska, Roxana Cortés-Mills, del Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados, reveló que incluso un distrito escolar rural consultó si debía pedir a los padres retirar a sus hijos de clases ante el temor que generó el rumor. “En nueve años de trabajo con niños no acompañados, nunca había escuchado algo similar”, dijo.

En Houston, Dalia Castillo-Granados, directora de la Academia de Derecho de Inmigración Infantil, alertó que “ofrecer dinero a los niños genera muchas preocupaciones dada la posición vulnerable en la que se encuentran”.

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El plan se enmarca en un esfuerzo más amplio de la administración Trump para incentivar la autodeportación. A los adultos y familias indocumentadas se les ha ofrecido 1.000 dólares bajo un programa paralelo, y durante el último fin de semana del Día del Trabajo, el DHS intentó enviar en avión a menores guatemaltecos, operación bloqueada de manera temporal por los tribunales.

“Estamos observando muchos patrones de presión por parte de ICE para incitar a la autodeportación. Es grave aplicarlo en adultos, pero hacerlo con niños es una preocupación completamente nueva”, denunció Vanessa Dojaquez-Torres, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Según cifras del HHS, en agosto había 2.011 menores no acompañados bajo custodia federal, aunque durante la administración Biden más de 300.000 niños ingresaron solos al país antes de ser entregados a padres, familiares o patrocinadores. Pese a que gozan de protección especial bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, la administración Trump ha intentado debilitar esas salvaguardas, apuntando en particular a menores de Guatemala que buscan asilo.

Lo que distingue a esta iniciativa de medidas anteriores es que, por primera vez, el gobierno estadounidense ofrece incentivos financieros directos para que los niños migrantes abandonen el país por su cuenta, un precedente que ya despierta alarma en la comunidad de defensores de derechos humanos y migratorios.