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La representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, convocó para este viernes una audiencia crucial en el Capitolio de los Estados Unidos. El objetivo central de esta audiencia es revisar las licencias comerciales que la empresa petrolera Chevron mantiene con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este análisis se enmarca en un contexto en el que el régimen venezolano, a pesar del aislamiento internacional, sigue sobreviviendo gracias al apoyo económico y estratégico de países como China, Rusia e Irán, así como a los negocios energéticos que aún preserva con compañías influyentes como Chevron.
La audiencia, que tendrá lugar en el Rayburn House Office Building a las 11:00 a.m. (hora del este), lleva el título significativo de “Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela”. Entre los participantes, destacan importantes funcionarios del Departamento de Estado que ya están evaluando el impacto económico y financiero de las licencias de Chevron en acuerdo con el régimen venezolano. Entre los citados como testigos están Kevin Sullivan, subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental; Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; y Greg Howell, responsable de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
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La audiencia ha sido convocada en un momento crítico para Venezuela y su relación con la política exterior de Estados Unidos. Según un asesor parlamentario que conoce la dinámica de la audiencia, “La audiencia tiene que servir para saber cuánto dinero gana el régimen, quiénes tienen licencias además de Chevron, y si la Casa Blanca está pensando en suspenderlas hasta que Maduro reconozca que perdió los comicios ante (Edmundo) González Urrutia y María Corina Machado”. Esta declaración refleja el creciente interés en examinar no solo las licencias de Chevron, sino también la posibilidad de que estas estén contribuyendo a la estabilidad del régimen de Maduro.
Salazar, quien representa a un distrito en Florida, ha sido enfática en su postura de que los permisos comerciales de Chevron deben ser anulados. En sus argumentos, sostiene que las regalías petroleras que recibe Maduro son clave para sostenerse a pesar del aislamiento y las sanciones internacionales. En paralelo, la administración Biden también ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela. Tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el secretario de Estado, Antony Blinken, han expresado públicamente su apoyo a la oposición venezolana, reconociendo la victoria de González Urrutia y Machado. Este respaldo ha sido fundamental para mantener la presión sobre Maduro y su régimen.
La Casa Blanca, consciente de las implicaciones geopolíticas y económicas, está evaluando seriamente la posibilidad de suspender la licencia de Chevron en Venezuela. Esta decisión busca forzar una negociación entre el régimen de Maduro y la oposición, con la esperanza de que González Urrutia, quien actualmente se encuentra en exilio forzado en España, pueda regresar a Venezuela y asumir la presidencia el 10 de enero de 2025.
Sin embargo, Chevron ha defendido sus operaciones en Venezuela, argumentando que la suspensión de su licencia podría generar graves consecuencias. Los directivos de la compañía han visitado la Casa Blanca y advertido que esta decisión podría causar desabastecimiento, aumentar los precios del petróleo y desencadenar una nueva ola de inmigración ilegal debido al colapso económico que experimentaría Venezuela. Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, enfatizó durante una conferencia telefónica en agosto: “Estamos allí (Venezuela) para ayudar a desarrollar la economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”. Añadió: “No tenemos un papel en la selección de gobiernos. Somos un actor comercial, no un actor político”.
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A pesar de estos argumentos, tanto demócratas como republicanos en el Congreso coinciden en que la licencia de Chevron tiene un impacto político en la estabilidad del régimen de Maduro. Según los datos del Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado, Chevron produce alrededor de 200,000 barriles de petróleo al día en Venezuela, lo que representa el 20% de las exportaciones nacionales de crudo y aproximadamente el 30% de los ingresos petroleros del régimen. La posible suspensión de esta licencia podría provocar una conmoción tanto económica como política en Venezuela, debilitando aún más al régimen de Maduro.
En palabras de Salazar, “El mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Maduro”.
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