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La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este jueves ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, en una nueva victoria para el gobierno de Donald Trump.
El máximo tribunal votó por 5 contra 4 para mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.
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Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas -incluso por delitos menores- que viven legalmente en Estados Unidos.
La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno, que el miércoles anunció la limitación por 60 días de la entrega de la "green card", que otorga residencia legal.
El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son "poco convincentes".
"Un residente permanente legal que comete crímenes graves puede ser deportado de Estados Unidos", indicó Kavanaugh, nombrado por Trump en 2018 en medio de una polémica por acusaciones de abuso sexual.
El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, drogas y cargos por agresiones con agravantes.
Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso "desgarrador", especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton "que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos".
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Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación. La jueza progresista Sonia Sotomayor -que redactó la argumentación minoritaria en contra- dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.
Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tiene ciudadanía pueden ser tratados -a efectos de la regla- como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.
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