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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada, conocido como Clap, para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.
En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos "y sus redes" se lucran del Clap "a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma".
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Según Estados Unidos estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio "estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa" mediante un complejo sistema.
Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.
De acuerdo con el Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para "evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas".
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El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras de que el Gobierno de Nicolás Maduro "usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder".
"La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando" el Gobierno, añadió.
El programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.
La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el Clap.
