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El procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, confió este jueves en que en pocos meses comience un proceso judicial contra la constructora brasileña Odebrecht, después de haber suspendido un proceso de diálogo para lograr una reparación por sus actos de corrupción.
"Confío en que en pocos meses más tendremos una audiencia de formulación de cargos en este caso y muchos otros que involucran a la compañía", manifestó el defensor del Estado al hacer balance de un proceso que no termina de arrojar resultados.
El año pasado Odebrecth y el Estado ecuatoriano iniciaron conversaciones con el fin de alcanzar una solución de compromiso respecto al pago de reparaciones por los millonarios sobornos en el país andino.
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Sin embargo, este año la firma anunció que una eventual reparación al Estado ecuatoriano por el daño causado por sus actos de corrupción estaba supeditada a la devolución de un dinero que había sido confiscado en Ecuador por orden judicial.
Salvador corroboró que la firma adujo que el Estado tenía retenidos "unos cuantos millones de dólares", con los que pretendían saldar deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), pagar a proveedores y el resto para indemnizar al Estado ecuatoriano.
Al respecto, Salvador tildó que esa actitud por parte de la firma brasileña "fue prepotente y hasta cierto punto extorsiva".
Tras esa circunstancia, la Procuraduría General del Estado decidió en mayo pasado interrumpir el diálogo con la constructora y presentar ante la Fiscalía General del Estado la solicitud de una investigación, "para que responda ante las autoridades de control como la Contraloría, el SRI y que cada organismo realice las acciones que le correspondan".
El cometido, matizó, es que "Odebrecht deje de sentir que tiene un trato preferente y un canal privilegiado de contacto con el Estado ecuatoriano".
Aunque las pesquisas de la Fiscalía son reservadas, recordó el procurador, se espera que el proceso judicial se inicie en los próximos meses.
Las autoridades ecuatorianas consideran que los daños causados por Odebrecth tienen que abarcar la totalidad de las operaciones en Ecuador.
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En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y Africa.
En el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
