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Manila y provincias colindantes reimpondrán este martes el estricto confinamiento para frenar una nueva oleada de contagios de COVID-19, ante las demandas de la comunidad médica de modificar la respuesta a la pandemia, basada en la militarización, que ha resultado ser un fracaso.
"Entiendo completamente por qué nuestro personal sanitario pide un descanso. Han estado en la primera línea durante meses y están exhaustos", señaló el presidente Rodrigo Duterte, en un discurso televisado al filo la medianoche, con el país pendiente de las nuevas medidas después de que el mandatario se reuniera el domingo de urgencia con su equipo.
Filipinas confirmó el domingo 5.032 nuevos casos, récord diario desde el inicio de la pandemia y más de la mitad concentrados en la capital, lo que eleva el total de contagios de COVID-19 a 103.000, con más de 2.000 muertes, uno de los saldos más elevados de la región.
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Demandas de los médicos
El área metropolitana de Manila y las provincias de Bulacan, Cavite, Laguna y Rizal volverán a imponer mañana una dura cuarentena hasta el 18 de agosto, después de que 80 asociaciones médicas del país firmaran un comunicado conjunto el sábado pidiendo un nuevo enfoque frente a la COVID-19, ya que tras cinco meses los hospitales están saturados y el personal médico agotado.
"Estamos librando una batalla perdida contra la COVID-19 y necesitamos elaborar un plan de acción consolidado y definitivo", señalaron en la misiva dirigida a Duterte, leída en una rueda de prensa por el presidente de la Asociación Médica de Filipinas (PMA), el doctor Jose Santiago.
Los profesionales sanitarios instaron al Gobierno a darles al menos dos semanas de "espacio para respirar" con la reimposición de la cuarentena estricta en al área metropolitana de Manila y alrededores, ya que están abrumados ante el aumento de contagios, y advirtieron que los hospitales están llegando al límite, sin instalaciones adecuadas ni personal suficiente.
Filipinas es uno de los países del mundo con más infecciones entre sanitarios, más de 5.000 contagios y 38 muertes, según datos del Departamento de Salud.
Las exigencias de los médicos provocaron durante el fin de semana varias reuniones de urgencia del equipo del Gobierno que está diseñando la respuesta a la pandemia -conformado fundamentalmente por generales retirados del Ejército- y el mandatario anunció el retroceso en la desescalada la noche del domingo.
Enfado de Duterte
Aunque el presidente accedió a cumplir las principales demandas de los sanitarios, no ocultó su malestar ante el cuestionamiento de su gestión de la pandemia y desafió a las asociaciones médicas a organizar una "revolución" contra él, algo que le serviría de excusa para ejercer "poderes extraordinarios" para sofocarla.
"Una revolución es más peligrosa que la COVID-19. Si montas una revolución, me darás un boleto gratis para organizar una contrarrevolución. Cómo me gustaría que lo hicieras", advirtió Duterte.
A pesar de las amenazas, el presidente anunció la contratación de 10.000 trabajadores sanitarios, que recibirán beneficios como ayudas económicas de entre 200 y 300 dólares si enferman de COVID-19, un seguro de vida, alojamiento y transporte gratuito garantizado durante la pandemia, y serán sometidos a pruebas PCR cada dos días.
"Esta es una guerra que ustedes están entrenados para luchar. Es su profesión, están educados y entrenados para enfrentarse a tales desafíos. Son los líderes de esta batalla porque se formaron en este campo", señaló el presidente.
Ante las palabras del presidente, el doctor Santiago respondió hoy que el propósito de la comunidad médica no es "menoscabar al Gobierno", sino "ayudar, respirar un poco, asegurarnos de que hacemos lo correcto y aprender de los errores de los últimos cuatro meses".
Fracaso en la respuesta
Pese a haber impuesto uno de los confinamientos más largos y estrictos del mundo -de cinco meses en la capital-, Filipinas no ha doblegado la curva de contagios, en continuo ascenso desde marzo por las deficiencias a la hora de hacer pruebas de diagnóstico -se ha testado a menos del 1 % de la población y se están usando fundamentalmente test rápidos poco fiables- y rastreo de contactos.
La fase de confinamiento aprobada para la capital y alrededores restringe completamente los movimientos, suspende el transporte público y solo permite a un miembro de cada familia salir a comprar artículos esenciales, por lo que volverán a cerrar establecimientos que habían vuelto a operar en junio como tiendas, peluquerías y restaurantes.
El nuevo cierre de la capital y sus alrededores -donde se concentra el 67 % de la actividad industrial del país- preocupa por el fuerte impacto económico que ya se ha hecho sentir en todo el país, que se espera que entre en recesión por primera vez desde 1998 y sume 10 millones de nuevos desempleados a finales del año.
Una encuesta publicada la semana pasada por la consultora Social Weather Station reveló que el 86 % de los filipinos están estresados por su futuro económico y laboral a causa de la pandemia y el 21 % aseguró estar pasando hambre.
El presidente también hizo un llamamiento para aumentar el alistamiento de tropas, a pesar de que la principal crítica del personal médico fue la respuesta excesivamente militarizada a la pandemia, y anunció que se desplegarán más efectivos de la policía para imponer el cumplimiento de la cuarentena.
