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En una decisión que marca un punto de inflexión en la política antidrogas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos catalogados por su administración como organizaciones terroristas, según confirmaron fuentes conocedoras del asunto al periódico The New York Times.
La medida, calificada por expertos como la más agresiva hasta la fecha en la campaña contra el narcotráfico, otorga base oficial para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones directas, tanto en alta mar como en territorio extranjero. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó al medio que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”.
En febrero, el Departamento de Estado incluyó en esa lista al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otros grupos, y hace dos semanas sumó al Cártel de los Soles venezolano, al que acusa de estar liderado por Nicolás Maduro. El gobierno elevó además a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura. La fiscal general Pam Bondi declaró que Maduro “no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.
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El plan de Trump abre la puerta a operaciones militares de captura o eliminación de objetivos vinculados al narcotráfico, lo que plantea interrogantes legales internos e internacionales. Expertos advierten que matar a sospechosos fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría considerarse un asesinato prohibido por ley y por una orden ejecutiva vigente. El exabogado del Departamento de Estado, Brian Finucane, sostuvo que “sería difícil imaginar que un narcotraficante cualquiera pudiera alcanzar el umbral de la excepción de legítima defensa a la prohibición del asesinato”.
Históricamente, el ejército estadounidense ha participado en operaciones antidrogas, pero en apoyo a agencias policiales y con límites legales claros. Casos como la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, o la colaboración con Colombia y Perú en los noventa, generaron controversias y cambios legislativos. Sin embargo, la actual directiva se perfila distinta: colocar a las Fuerzas Armadas en primera línea para enfrentar directamente a organizaciones criminales.
El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, defendió la estrategia: “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”. No obstante, el almirante retirado James E. McPherson advirtió que sería una grave violación del derecho internacional actuar militarmente en territorio extranjero sin consentimiento del gobierno local, salvo en casos específicos como buques sin bandera en aguas internacionales.
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La ofensiva de Trump contra el narcotráfico ha incluido el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, el aumento de vuelos de vigilancia y el impulso de programas encubiertos de la CIA para localizar laboratorios de fentanilo en México. Aunque la agencia no tiene autorización para ataques letales, la escalada en el uso de recursos militares y de inteligencia refleja una política de mano dura sin precedentes.
Incluso, en abril, Trump propuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum permitir que el ejército estadounidense actuara contra los cárteles en su territorio, pero la mandataria rechazó la oferta.
