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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está listo para firmar una orden ejecutiva este jueves que instruirá a la recién confirmada Secretaria de Educación, Linda McMahon, a trabajar en el cierre del Departamento de Educación, según fuentes cercanas al tema. Este movimiento, que ha generado gran controversia, ha sido una promesa reiterada de Trump desde su campaña presidencial.
El borrador de la orden ejecutiva, que circuló el miércoles, deja claro que el presidente no tiene el poder legal para cerrar el departamento de forma unilateral. La disolución del organismo requeriría una ley del Congreso y al menos 60 votos a favor en el Senado, algo que es poco probable debido a que los republicanos solo cuentan con 53 escaños. A pesar de ello, el borrador solicita que McMahon “tome todas las medidas necesarias” para facilitar el cierre del departamento “en la máxima medida apropiada y permitida por la ley”.
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Aunque el cierre completo del departamento no es una opción viable sin la aprobación del Congreso, las indicaciones del presidente parecen apuntar a una reestructuración significativa de la agencia. Según algunos funcionarios, esto podría incluir la transferencia de funciones del departamento a otras agencias gubernamentales, aunque estos esfuerzos también se enfrentarían a obstáculos legales dado que los programas clave de la agencia están establecidos por ley dentro del Departamento de Educación.
Lo que parece más probable es que continúen los recortes en personal, programas y subvenciones dentro de la agencia. Ya se han advertido reducciones de personal “muy significativas” en el corto plazo, y el Departamento de Educación ya ha comenzado a implementar medidas para reducir su tamaño.
El programa Título I, que proporciona más de 18.000 millones de dólares en fondos para escuelas primarias y secundarias con altos niveles de pobreza, y el programa de 15.500 millones de dólares que apoya a los estudiantes con discapacidades, son solo algunos de los programas que están bajo la supervisión del Departamento de Educación. Además, la agencia administra el programa de préstamos estudiantiles federales de 1,6 billones de dólares, un sector clave para los estudiantes que buscan financiar su educación superior.
En su declaración, Trump ha sugerido que el cierre del Departamento de Educación busca devolver el control de la educación a los estados y comunidades locales, un tema que ha destacado como una prioridad de su presidencia. Sin embargo, este enfoque pasa por alto el hecho de que la educación primaria y secundaria, así como las universidades y colegios públicos, ya están en gran parte bajo el control de los estados y las comunidades. El gobierno federal, por ley, no tiene autoridad para dictar el currículo escolar.
El presidente ha sido crítico con la intervención federal en el sistema educativo, pero, al mismo tiempo, ha presionado por una mayor acción en la eliminación de lo que considera "discriminación ilegal" disfrazada de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Se espera que la orden ejecutiva refuerce esta postura, exigiendo que las escuelas eliminen tales programas o enfrenten la pérdida de financiamiento federal, que representa alrededor del 10% de los fondos de las escuelas públicas K-12 y una parte significativa de la financiación para la educación superior.
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La idea de cerrar el Departamento de Educación no es nueva. Trump la ha defendido durante su campaña presidencial y, tras la confirmación de McMahon el lunes, la secretaria envió un correo electrónico al personal, refiriéndose a su "misión final", que alude al cierre de la agencia.
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, criticó duramente la estrategia de la administración. "Intentar abolirlo —algo que, por cierto, sólo puede hacer el Congreso— envía el mensaje de que al presidente no le importan las oportunidades para todos los niños", declaró en un comunicado. “A nadie le gusta la burocracia y todos estamos a favor de una mayor eficiencia, así que busquemos formas de lograrlo”.
Durante su audiencia de confirmación, McMahon acordó con los demócratas que la administración no puede cerrar el departamento por sí sola, pero dejó abierta la posibilidad de trasladar algunas de las funciones del departamento a otras partes del gobierno. Sin embargo, estas medidas también requerirían la intervención del Congreso, debido a las restricciones legales establecidas por las leyes que crearon la agencia en 1979 y que detallan las funciones y responsabilidades clave del departamento, incluidas la Oficina de Derechos Civiles y la Oficina de Educación Primaria y Secundaria. Además, la Ley de Educación Superior establece que la oficina de ayuda federal para estudiantes debe estar ubicada en el Departamento de Educación.
