Ley antiaborto en Texas, EE.UU.
Ley antiaborto en Texas, EE.UU.
AFP
6 Sep 2021 05:31 PM

Departamento de Justicia de EE.UU. promete protección a clínicas abortivas en Texas

El gobierno de Joe Biden también busca formas de contrarrestar legalmente la ley texana.
Agencia
AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos prometió este lunes proteger, con los medios del Estado federal, las clínicas que realizan abortos en Texas, un estado sureño que acaba de aprobar una legislación extremadamente restrictiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El departamento "brindará apoyo a las fuerzas del orden federal si se ataca una clínica de abortos o un centro de salud sexual y reproductiva", dijo el fiscal general Merrick Garland a través de un comunicado.

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Ya se han hecho contactos con fiscales y con las oficinas del FBI en Texas al respecto, señaló. "No toleraremos ningún tipo de violencia, impedimento físico o daño material contra las personas que buscan o brindan servicios anticonceptivos", dijo el comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos invoca una ley de 1994, la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas o "FACE", que prohíbe cualquier forma de violencia contra el ejercicio del derecho al aborto. 

El gobierno de Joe Biden también busca formas de contrarrestar legalmente la ley texana, que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a suspender, lo que supone un gran golpe contra el derecho al aborto.

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Texas prohibió el aborto a partir del momento en que se detectan los latidos del corazón del embrión, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. La única excepción es en caso de emergencia médica.

La ley texana también destaca además porque afirma que no corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino a los ciudadanos, animados a presentar una demanda civil contra organizaciones o personas que ayuden a las mujeres a abortar. 

El texto establece que esas personas recibirán al menos 10.000 dólares de "indemnización" en caso de condena de los denunciados, una "prima a la delación", según sus críticos.