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La eventual cancelación, por parte del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos podría tener consecuencias políticas para la seguridad de Europa, en aspectos como la lucha contra el terrorismo, la inmigración o el tráfico de drogas.
A la espera de que el próximo día 27 de febrero se pronuncie este tribunal, tras la querella interpuesta por la organización británica Westerns Sahara Compaign, la tensión se ha incrementado.
Y es que la expectativa aumentó porque el abogado general, el belga Melchor Wachelet, aseguró que el acuerdo es “inválido” porque el convenio pesquero no podía firmarse sin el consentimiento de los saharauis, ya que Marruecos no ostenta la soberanía de esta zona.
El concepto de Wathelet ha sido fuertemente cuestionado por los especialistas marroquíes en el tema, debido a sus antecedentes por pobre objetividad ya que ha ostentado cargos políticos y sobretodo por su tendencia a repetir las posiciones doctrinales del referendario griego Paschalidis.
El actual acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea entró en vigor en 2014 por un período de cuatro años. Otorga a los buques europeos acceso a la zona de pesca del Atlántico del reino de Marruecos a cambio de una contribución financiera de 30 millones de euros anuales, financiada por la Unión Europea y una contribución de los armadores de 10 millones de euros. El primer acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea data de 1988.
Al margen de las consecuencias políticas, en España también se habla de importantes secuelas para la económica ibérica, ya que la actividad pesquera vinculada a este convenio genera un volumen de negocio de 14 millones de euros al año, con la pesca de 7.400 toneladas.
