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La Corte Suprema de Brasil decidió que una práctica procedimental usada en Lava Jato hiere el derecho a la defensa, lo que puede poner en tela de juicio muchas de las condenas dictadas en esa operación contra la corrupción.
Por seis votos contra cuatro, la Corte concedió un hábeas corpus a un exgerente de Petrobras en el sentido de que, en un proceso en el que alguno de los acusados colabore con la Justicia en perjuicio de otro, éste deberá presentar por último sus alegatos finales, lo que no se cumplió en muchos de los juicios de Lava Jato.
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La mayoría de los magistrados consideró que si un acusado decide colaborar con la justicia en contra de otro, pasa a ser una suerte de "auxiliar de la acusación" y debe presentar alegatos primero, lo que, según fiscales de la Lava Jato, puede incidir en los casos de 143 de los 162 empresarios y políticos condenados por esa operación.
Sin embargo, el presidente del tribunal, Alfredo Dias Toffoli, aún cuando respaldó el hábeas corpus para el caso "específico" del exgerente de Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, aclaró que la próxima semana presentará una propuesta para "delimitar el alcance" de esa decisión, que pudiera no ser extensiva a toda la Lava Jato.
El caso analizado en la sesión de este jueves, que pudiera tener repercusión directa sobre todos esos juicios o ser "delimitado" en función de lo proponga Dias Toffoli, era un hábeas corpus finalmente concedido a Almeida Ferreira, condenado a diez años por su participación en la trama de corrupción en esa empresa estatal.
El exgerente presentó ese pedido después de que, en un juicio celebrado en agosto pasado, la Segunda Sala de la corte anuló una condena dictada contra el expresidente de la petrolera estatal Petrobras, Aldemir Bendine, en el marco de la operación Lava Jato.
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En ese caso, la condena fue anulada porque Bendine debería haber sido el último en presentar sus alegatos finales en el juicio, ya que otros de los procesados habían aceptado cooperar con la justicia y presentaron pruebas que ayudaron a la sentencia en su contra, con lo que pasaron a ser una suerte de "auxiliares de la acusación".
Entre quienes están pendientes de la decisión definitiva de la corte está el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018 condenado a diez años ya en tercera instancia y con otra pena de ocho años dictada hasta ahora sólo en un tribunal inferior.
Aunque en ninguno de esos se aplicaría la decisión del Supremo, Lula sí podría beneficiarse en un tercer proceso que enfrenta, que está listo para sentencia y en el que sus abogados presentaron sus alegatos finales después de que lo hiciera otro de los acusados, que colaboró con la justicia en contra del exmandatario.
