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En Estados Unidos, Florida es uno de los lugares que más migrantes recibe, sobre todo de origen latinoamericano. Durante décadas si ha distinguido por ofrecerles oportunidades a muchos cubanos, venezolanos, colombianos y de todas las nacionalidades del sur del continente, pero bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis y el presidente Donald Trump, las cosas parecen estar revirtiéndose.
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En ese sentido, DeSantis impulsa una nueva ley que establece la obligatoriedad del uso de una aplicación orientada a determinar qué trabajador puede trabajar legalmente en Estados Unidos. Se trata de E-Verify, la cual venía siendo de obligatorio uso para empresas con más de 25 empleados, pero ahora lo será para todas en la Florida.
Qué es y cómo funciona E-Verify en EE.UU.
E-Verify es una herramienta digital administrada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Su propósito principal es permitir que los empleadores verifiquen electrónicamente la elegibilidad legal para trabajar de sus empleados en el país.
En otras palabras, es un sistema que ayuda a confirmar si una persona puede trabajar legalmente en EE. UU., contrastando la información proporcionada por el trabajador en el formulario I-9 con las bases de datos del gobierno federal.
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Esta legislación fue impulsada como parte de una política estricta contra la inmigración irregular. También es obligatorio para los empleadores públicos, contratistas y subcontratistas que trabajen con el estado.
El sistema es gratuito, está disponible en línea y actualmente cuenta con casi un millón de empresas.
Aplicación E-Verify dificultaría el trabajo para migrantes en la Florida
Si bien se presenta como una herramienta para combatir el empleo no autorizado, pero organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por posibles errores en la base de datos y afectaciones a trabajadores legales, especialmente inmigrantes.
Su uso generalizado puede complicar de manera significativa el acceso al trabajo para muchos inmigrantes en proceso de regularización, que probablemente no aparezcan legalmente autorizados en los sistemas de registro, pero que se encuentran adelantando los procedimientos necesarios para ello.
Los empleadores también se inhibirían de ello pues se contemplan multas de hasta 10.000 dólares por empleado irregular que contraten, además de posibles represalias como la pérdida de su licencia de operación.
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Esto podría resultar en nuevos procesos de deportación si las autoridades comienzan a cruzar los datos de solicitantes de empleo irregulares con los de las autoridades migratorias con el fin de identificar a aquellos que no se encuentran en situación legal. Medios como la Voz de América reportaron que ya hay casos de empleados que dejaron de reportarse a su trabajo por miedo a ser deportados.
Todo esto aumentaría la precarización laboral, el posible abuso de los migrantes irregulares y la persecución de la que ya son objeto por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos.
