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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, implementó cambios en varias políticas migratorias en ese estado del sur de los Estados Unidos, uno de los que más población inmigrante acoge, sobre todo de origen Latinoamericano. Sin embargo, también es un estado que apoyó con vehemencia al presidente Donald Trump en su campaña presidencial.
Paradójicamente, una de las medidas más controversiales que entrarían en vigencia con la ley SB-2C no impactaría directamente a migrantes ilegales que el Gobierno de Trump dice perseguir y pinta como criminales que transgreden sus fronteras. Los objetivos de uno de los puntos más importantes de las nuevas leyes serían los migrantes que se encuentran estudiando en ese estado.
Y es que de ahora en adelante, aquellos estudiantes sin permiso de residencia permanente perderán el beneficio de reducción de matrícula universitaria que hasta ahora estaban recibiendo si certificaban más de un año de residencia continua allí.
De acuerdo con Univisión, esto significaría que los montos que los estudiantes pagan actualmente por matrícula universitaria, en una institución como el Miami Dade College, podrían triplicarse o hasta cuadruplicarse, ocasionando una masiva deserción escolar. Esto también tendría un impacto en la economía que se calcula en unos 15 millones de dólares, monto que dejarían de recibir las instituciones donde estudian los jóvenes afectados.
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Se calcula que, al menos el año pasado, eran 6.500 los estudiantes que accedían a estos descuentos. Sin embargo, los más beneficiados eran los llamados 'Dreamers', que serían alrededor de 40.000 en ese estado. Ese medio detalla que los impuestos que aportan los beneficiados por el programa migratorio DACA alcanzan los 134,8 millones de dólares.
¿Qué implica la nueva ley de la Florida para migrantes ilegales?
Pero la nueva ley de la Florida también incluye múltiples cambios para enfrentar a migrantes ilegales, como penas de muerte para aquellos que sean hallados culpables de delitos capitales.
Otro punto convierte en delito federal el ingreso a la Florida habiendo entrado ilegalmente a Estados Unidos, así sea por otra frontera. Se teme que esto pueda afectar a migrantes que han permanecido indocumentados por muchos años en ese estado sin tener ningún antecedente criminal ni judicial.
Aunque se buscaba dar poder a autoridades estatales para deportar inmigrantes, esto permanecerá bajo jurisdicción federal. No obstante, sí se autorizó a autoridades aduaneras, la policía de carreteras y el Servicio de Inmigración a interrogar y hasta detener a inmigrantes, incluso organizando operativos con tales fines.
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También se creó la llamada Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, en la que el propio gobernador y otros altos funcionarios coordinarán acciones tendientes a combatir la migración ilegal en ese estado, con un presupuesto de 250 millones de dólares.
