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La comisión de Naciones Unidas que investiga los ataques de Israel a las Marchas del Retorno celebradas en la franja palestina de Gaza desde marzo de 2018 declaró hoy que esos incidentes, en los que las fuerzas israelíes mataron al menos 189 personas, pueden constituir "crímenes de guerra".
"Hay bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y deben ser inmediatamente investigadas por Israel", señaló hoy en rueda de prensa el argentino Santiago Cantón, presidente de la comisión.
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Las marchas, que suelen congregar decenas de miles de personas, comenzaron el 30 de marzo de 2018, han continuado desde entonces -normalmente cada viernes- y exigen que los refugiados palestinos y sus descendientes puedan ejercer su derecho de retorno a Israel.
De acuerdo con el informe de la comisión creada en mayo de 2018, en el transcurso de meses de protestas los francotiradores israelíes han disparado contra miles de manifestantes desarmados que se encontraban al otro lado de la valla que separa Israel de la franja de Gaza, causando directa o indirectamente cerca de 10.000 heridos.
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La gran mayoría de los fallecidos (183 de 189) murieron por impactos de bala, detalla la comisión de la ONU, que sólo ha tratado los incidentes hasta el 31 de diciembre, pese a que las marchas han continuado en 2019.
Algunos de los peores sucesos se produjeron en la primera marcha del 30 de marzo del pasado año, con al menos 18 muertos y 700 heridos, y el 14 de mayo, cuando las marchas coincidieron con el traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalén y hubo 60 fallecidos y 1.100 personas heridas.
Las cifras que maneja la ONU en el informe son algo inferiores a las denunciadas por las autoridades gazatíes, que hablan de alrededor de 300 fallecidos y 24.000 heridos en once meses de protestas.
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Entre los asesinados, estima Naciones Unidas, hubo 35 niños, mientras que otros tres eran trabajadores sanitarios y dos periodistas claramente señalados como tales.
En éstos y otros crímenes "no hay justificación" dado que "no suponían ninguna amenaza a las personas a su alrededor", señaló otro de los miembros de la comisión, la bangladeshí Sara Hossain.
Ésta es la principal base para que el grupo de expertos encuentre constitutivas de crímenes de guerra las acciones de Israel, ya que el informe recuerda que así puede ser considerado el disparar intencionadamente contra un civil que no esté directamente participando en acciones violentas.
La comisión dijo tener en cuenta la posición de Israel, que argumentó que las protestas ocultaban "actividades terroristas" por parte de grupos armados palestinos, pero determinó que las marchas eran principalmente actos civiles y "pese a algunos actos de violencia, no constituyeron combates o campañas militares".
Reconoció que entre los manifestantes había miembros de grupos armados organizados, pero recordó que las leyes internacionales en materia de derechos humanos "prohíben el uso de la fuerza basado simplemente en la afiliación de una persona a un grupo, en lugar de a su conducta".
También mencionó que en las manifestaciones cuatro soldados israelíes resultaron heridos, y otro murió en un día de protestas pero lejos de las zonas donde se organizaron las marchas.
El informe se ha presentado en el transcurso de la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concita en Ginebra a líderes políticos, de organismos internacionales y activistas desde el 25 de febrero al 22 de marzo, y será formalmente publicado y llevado a dicho consejo el 18 de marzo.
Para su confección se condujeron 325 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, señaló el informe, aclarando que Israel no sólo no colaboró sino que les negó el acceso al país y a los territorios palestinos ocupados.
El documento también se entregará a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló la tercera componente de la comisión, la keniana Betty Murungi, quien adelantó que la situación en Gaza está siendo seguida con preocupación por la Corte Penal Internacional de La Haya.
La comisión publicó el informe cuando se acerca el aniversario del comienzo de las marchas, momento en el que se teme un aumento de los incidentes violentos, por lo que pidió a las partes en conflicto que ejerzan contención de cara a esa sensible fecha.
"Las protestas son una petición de ayuda de una población desesperada", concluyó Cantón, quien matizó que en esa desesperación comparten responsabilidades Israel, la Autoridad Nacional Palestina y la administración de facto del grupo fundamentalista Hamas en Gaza.
