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El gobierno de Bolivia rechazó el memorando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que se incluye a Bolivia en la lista de países de mayor producción y tránsito de drogas y que le acusa de haber incumplido sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, señaló en una publicación en sus redes sociales, que el Memorándum de Descertificación del Gobierno de Estados Unidos que "desacredita" la política boliviana antinarcóticos fue elaborado "de manera unilateral y que carece de sustento técnico".
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A su juicio, el documento tiene "una intencionalidad claramente (geo)política y que contraviene los tratados internacionales en cuanto al respeto de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados".
Para Bolivia, miembro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, "el único organismo certificado para la evaluación de las políticas antidroga a nivel internacional es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas".
También apuntó que el Gobierno estadounidense "viene descertificando la lucha contra el narcotráfico en Bolivia desde la expulsión" de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) en 2008 y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) en 2013.
Del Castillo consideró que "en vez de atribuirse competencias que no le corresponden", Estados Unidos "debería tomar conciencia de lo que ocurre dentro su territorio en cuanto al consumo desmedido de drogas ilícitas" que ocasiona un "incremento descontrolado de la demanda internacional" de estupefacientes.
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"Rechazamos categóricamente el memorándum presentado por el Gobierno de los Estados Unidos y manifestamos nuestra preocupación por la situación vulnerable que vive el pueblo estadounidense con el consumo de drogas como el fentanilo y otras", sostuvo.
También defendió los resultados de la política antinarcóticos del Gobierno boliviano' que según él, ha sido reconocida y felicitada por "organismos internacionales como la Unión Europea y otros países de la región".
En un memorándum enviado el viernes al Congreso estadounidense, Biden acusó a Bolivia y Venezuela de haber incumplido sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico, además de incluir a ambos en la lista de países de mayor producción y tránsito de narcóticos junto a otras veinte naciones.
Además, instó al Gobierno de Luis Arce a que tome medidas para "reducir los cultivos ilícitos de coca que continúan excediendo los límites legales establecidos en la legislación de Bolivia".
La hoja de coca está consagrada en la Constitución vigente en Bolivia desde 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico.
En 2017, el país amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su informe anual presentado en noviembre del año pasado, que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.
El Ejecutivo boliviano presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 %, alegando diferencias "metodológicas" con la UNODC.
La lucha antidrogas en Bolivia ha sido cuestionada por sectores cercanos al expresidente Evo Morales, dentro del mismo oficialismo que denunciaron varias veces una supuesta protección al narcotráfico, lo que fue negado por el Gobierno.
