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Un juzgado de primera instancia de Bruselas obliga a la farmacéutica AstraZeneca a cumplir con el calendario de entrega de sus vacunas contra la covid-19 a la Unión Europea, informó este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"Esta decisión confirma la posición de la Comisión: AstraZeneca no cumplió con los compromisos que asumió en el contrato. Es bueno ver que un juez independiente lo confirma", declaró en un comunicado Von der Leyen.
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La sentencia, según la Comisión, estipula que , de las que 15 millones de dosis tendrán que estar en manos de la UE el 26 de julio "a las 09.00 de la mañana", hora de Bruselas.
Le seguirá una segunda entrega de 23 millones de dosis para el 23 de agosto y una tercera de 15 millones para el 23 de septiembre.
"En caso de incumplimiento de estos plazos de entrega, AstraZeneca deberá pagar una penalización de 10 euros por dosis no administrada", agregó en un comunicado la Comisión Europea, que había denunciado, en nombre de los veintisiete países del bloque, a la farmacéutica por entender que había roto unilateralmente el contrato faltando a las entregas comprometidas.
Bruselas agrega que la decisión del tribunal "sobre las medidas cautelares solicitadas, se basa en el hecho de que AstraZeneca cometió un incumplimiento grave ('negligencia grave') de sus obligaciones contractuales con la UE".
"El tribunal también sostiene que AstraZeneca debería haber desplegado todos sus esfuerzos para entregar las vacunas dentro del calendario acordado, incluidos los sitios de producción británicos mencionados explícitamente en el contrato, especialmente dados los grandes retrasos en las entregas a la UE", agregó la Comisión.El desencuentro entre la CE y AstraZeneca, que según el contrato confidencial firmado con la Comisión el pasado agosto debía de hacer "sus mejores esfuerzos razonables" para entregar 300 millones de dosis en el primer semestre del año, comenzó en enero.
AstraZeneca anunció retrasos y la tensión entre el Ejecutivo comunitario y la farmacéutica fue creciendo públicamente, hasta que Bruselas llevó al laboratorio ante la Justicia.
Aunque otros desarrolladores de vacunas adquiridas por la Comisión en nombre de los Veintisiete han tenido problemas puntuales con las entregas, como Moderna o Pfizer, la Comisión sospechaba que AstraZeneca, que produce y distribuye el fármaco concebido por la Universidad de Oxford, estaba derivando a otros países dosis comprometidas con la UE, en particular al Reino Unido.
La denuncia derivó en dos procesos judiciales paralelos, uno de carácter urgente ante la emergencia sanitaria, cuya sentencia se ha dado a conocer este viernes, y un proceso ordinario, en la que el tribunal analizará a fondo el caso y en el que Bruselas reclama una compensación económica, que tiene programada una primera vista en septiembre y cuyo falló no se espera antes de 2022.
En el juicio rápido, la UE buscaba que el juez estipulase que había existido una violación del contrato y que obligara a AstraZeneca a entregar 120 millones de dosis para el mes de junio y el total de 300 millones en septiembre.
La farmacéutica, que negaba haber violado el contrato y aseguraba que los retrasos se debían a la complejidad de producir en masa una nueva vacuna en tan poco tiempo, aseguraba que podría entregar 100 millones en junio.
AstraZeneca, por su parte, también ha celebrado la sentencia a través de un comunicado, en el que subraya que el tribunal belga obliga a entregar 80,2 millones de dosis para septiembre.
Interpreta, además, que la corte entiende que la Comisión no tenía "derecho de exclusividad" sobre fármacos del laboratorio y señala que la sentencia reconoce la dificultad de producir una vacuna en tiempo récord.
"Estamos complacidos con la sentencia del tribunal. AstraZeneca cumplió plenamente su acuerdo con la Comisión Europea y seguiremos centrándonos en la urgente tarea de suministrar una vacuna eficaz, que estamos entregando sin lucro para ayudar a proteger a las personas en Europa y en todo el mundo de la pandemia más mortal en una generación", declaró el asesor jurídico del laboratorio, Jeffrey Pott.
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