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Este viernes, la Corte Suprema dio libertad a los 50 estados estadounidenses de prohibir el aborto en su territorio jurisdiccional y la mitad de ellos se encamina a hacerlo efectivo.
La prohibición automática se espera en 13 estados, principalmente del sur y el centro, los más religiosos y conservadores, y que han adoptado en los últimos años las llamadas leyes "gatillo", redactadas para entrar en vigor automáticamente en caso de un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Esas leyes prohíben el aborto con matices: por ejemplo, Idaho prevé excepciones en caso de violación o incesto; Kentucky solo en caso de peligro para la vida de la mujer embarazada; Luisiana contempla hasta diez años de prisión para los profesionales de la salud; Misuri hasta 15 años.
En algunos estados, como Dakota del Sur, debían entrar en vigor "el día" de la decisión. En otros, como Arkansas o Misisipi, el fiscal general primero tendrá que confirmar que la Corte ha cambiado el marco legal.
Finalmente, en los casos de Texas o Tennessee, ambos disponen de un plazo de 30 días entre la publicación de la sentencia y la entrada en vigor de la nueva prohibición.
Otros cuatro estados (Georgia, Iowa, Ohio y Carolina del Sur) tienen leyes que prohíben los abortos tan pronto como se percibe el latido del corazón del embrión, alrededor de las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas.
Esas normas, bloqueadas por la justicia porque violaron el marco legal vigente hasta ahora, ya pueden entrar en vigor.
Confusión
Varios estados tienen leyes escritas antes del histórico fallo conocido como "Roe v. Wade", que en 1973 estableció el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar.
En suspenso desde hace casi 50 años, teóricamente esas normativas podrían reactivarse de inmediato, aunque nada es seguro.
Tomando nota del riesgo legal, la poderosa organización Planned Parenthood no planifica ningún aborto desde finales de junio en Wisconsin, cuyo gobernador demócrata defiende el derecho al aborto pero no así la mayoría parlamentaria republicana.
En Michigan, la fiscal general Dana Nessel (demócrata) se sumó a la confusión general al prometer no procesar a las personas que violen la ley de 1931 si vuelve a estar en vigor. Ese estado corre el riesgo de convertirse en un mosaico complejo.
De su lado, en Arizona, el gobernador del republicano Doug Ducey cree que una ley aprobada en 2022 para prohibir los abortos después de las 15 semanas de embarazo primará sobre los textos anteriores, pero los senadores de su partido no lo ven así y los tribunales deberán aclarar situación.
A vigilar
Cuatro Estados, según el Instituto Guttmacher, han enviado señales desfavorables al aborto, pero actualmente no cuentan con leyes que lo prohíban. Proyectos que iban en ese sentido fueron rechazados por los parlamentos de Nebraska e Indiana.
A su vez, los de Montana y Florida han reducido los plazos legales para interrumpir un embarazo, pero las cortes supremas de ambos estados protegen actualmente el derecho al aborto en su jurisdicción.
Estados protectores
Veintidós estados, principalmente de la costa oeste y del noreste, mantendrán el derecho al aborto, y algunos incluso han tomado medidas para ampliar el acceso a las interrupciones de embarazos, lo que incluye permitir que más profesionales de la salud las practiquen o un aumento de los fondos destinados a las clínicas.
