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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) presentó su informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024, en el que reportó una ejecución presupuestal del 97,1 %, distribuida en un 95,6 % para funcionamiento y un 98,3 % para inversión.
El presupuesto inicial aprobado fue de $4,356,970 millones, al que posteriormente se le hicieron ajustes mediante adiciones y reducciones. Finalmente, la apropiación presupuestal cerró en $4,390,010 millones, de acuerdo con el documento oficial.
Resultados
En cuanto a resultados, la entidad informó que se brindó ayuda humanitaria a más de 396.000 hogares víctimas del conflicto armado, superando en un 102,47 % las metas establecidas. También se alcanzaron avances superiores al 100 % en la atención de zonas de frontera.
El informe destacó además un 95 % de cumplimiento en el Plan de Acción 2024, compuesto por 232 indicadores de gestión. Entre los proyectos con mayor desempeño figuran los de retornos y reubicaciones, con ejecuciones cercanas al 98 %, y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), con un cumplimiento superior al 96 %.
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Pese a los resultados, la Unidad reconoció desafíos pendientes en materia de reparación colectiva y en algunos subproductos con menor nivel de ejecución. No obstante, calificó el balance como positivo frente a las limitaciones financieras.
“El informe muestra una ejecución presupuestal general del 97,1 %, reflejo de una gestión eficiente de los recursos asignados”, señala la entidad.
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El Gobierno nacional destacó estos resultados como un ejemplo de eficiencia administrativa y compromiso con la población víctima. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron que las cifras financieras no siempre representan impactos reales en los territorios y señalaron retrasos en procesos de reparación colectiva, indemnizaciones y garantías de no repetición.
De esta manera, mientras el Ejecutivo considera que el balance refleja avances en la política de víctimas, las voces críticas sostienen que persiste una brecha entre la planeación institucional y las necesidades concretas de las comunidades.
