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La presidenta del Consejo Gremial y de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, se pronunció sobre la suspensión provisional de los decretos relacionados con el sector energético y aseguró que la decisión reafirma el Estado de Derecho.
“Desde Acolgen y el Consejo Gremial respetamos y acatamos las decisiones de la Corte Constitucional. La suspensión provisional del Decreto 1390 reafirma el Estado de Derecho y recuerda que incluso en coyunturas complejas, la Constitución no se suspende”, afirmó.
Según explicó, la suspensión del Decreto 0044, a partir del 29 de enero de 2026, ratifica un principio esencial para el sector. “Las medidas que afectan sectores estratégicos como el energético deben adoptarse con rigor constitucional, técnico y jurídico, y no mediante atajos normativos”, señaló.
Inversiones y seguridad del sistema
Gutiérrez advirtió que el sector eléctrico ha realizado inversiones significativas durante las últimas décadas y que se requieren recursos adicionales para garantizar el suministro en los próximos años.
“El sector eléctrico ha invertido más de 140 billones de pesos en 30 años y se requieren inversiones anuales entre 10 y 13 billones para asegurar el suministro futuro”, indicó.
También alertó que cambios en las reglas pueden afectar la confianza de los inversionistas. “Cambios abruptos en las reglas debilitan la confianza y ponen en riesgo estas inversiones, en un momento en el que el país ya enfrenta una escasez de energía firme de -1,6 % en 2025 y en el que, según datos de XM, este déficit podría profundizarse hasta -3,5 % en 2027”, agregó.
Llamado a la institucionalidad y al diálogo
La dirigente gremial insistió en que los retos del sector deben abordarse por las vías institucionales ordinarias.
“Reiteramos el llamado a que los retos del sector se aborden por las vías institucionales ordinarias, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen un sistema energético confiable y sostenible para todos los colombianos”, expresó.
En ese sentido, subrayó que la seguridad jurídica es clave para el funcionamiento del sistema. “La seguridad jurídica es una condición básica para garantizar inversión, confiabilidad de los sistemas, sostenibilidad financiera y protección efectiva de los consumidores y usuarios. Sin reglas claras y estables, todos los sistemas se debilitan”, afirmó.
Además, advirtió que la incertidumbre regulatoria afecta proyectos en marcha y futuros procesos del sector. “La incertidumbre regulatoria dificulta la financiación de nuevos proyectos, afecta la subasta del cargo por confiabilidad y retrasa el desarrollo de energías renovables necesarias para la transición energética”, sostuvo.
Finalmente, reiteró la disposición de los gremios a participar en escenarios de concertación. “Desde los gremios reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo. Defender la institucionalidad, la Constitución y la confianza es el camino para fortalecer el sector energético y asegurar el abastecimiento del país hoy y en el futuro”, concluyó.
