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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Movistar devolver más de 6 mil millones de pesos a 208 mil usuarios de telefonía móvil por haber condicionado el cambio de modalidad, de pospago a prepago, con el cobro de una suma de 30 mil pesos a título de una recarga inicial.
Según el superindustria, Pablo Felipe Robledo, "la imposición irregular de cobros no puede ser maquillada o disfrazada a través de ofertas comerciales y otros servicios del proveedor, pues vulnera el derecho a la libre elección de los consumidores". Para Robledo, Movistar incurrió en esta práctica por varios años "desde 2011 hasta la fecha", por lo cual ordenó a la empresa "césar cuanto antes está conducta".
"La devolución se debe hacer en efectivo como abonos a cuentas pendientes del consumidor, pero no se podrá pagar en minutos sino en algo que se asemeje al dinero en efectivo", dijo Robledo. El superindustria afirmó que Movistar tendrá un año de plazo para hacer la respectiva devolución a los usuarios.
Por otro lado, el superintendente afirmó que la entidad volverá a presentar el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones económicas ante el Congreso de la República, siguiendo así las recomendaciones de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en temas relacionados con la libre competencia.
“En los próximos días volveremos a presentar el proyecto de ley que busca aumentar las multas, y que la Superintendencia de Industria Comercio tenga más poder sancionatorio”, aseguró Robledo.
“La Ocde le recomienda a Colombia que adopte distintos criterios a la hora de sancionar que tengan como límite, no una suma máxima de dinero, sino unos porcentajes sobre el patrimonio, las utilidades e ingresos, que permitan que en todos los casos el Estado esté en la capacidad de sancionar de manera ejemplarizante a cualquier agente del mercado”, sostuvo.
Frente a sus 4 años de gestión, tiempo en el que se han impuesto más sanciones a las empresas por cartelización, sostuvo que “no es bueno comparar la gestión de ahora con la de los Superintendentes pasados, a mi me ha tocado una gestión distinta, tengo más presupuesto, más capacidad sancionatoria a comparación de antes, es decir, contamos con más herramientas”.
Frente al cartel de seguridad privada señaló que “es un caso importante, está en manos del delegado de competencia, que tiene pliego de cargos. Este es el caso más importante de la historia de la Superindustria”, y que espera que en los próximos 3 meses se tomarán decisiones frente a este caso.
Igualmente el Superindustria dijo a LA F.m. que en los próximos días se tomará la decisión de sancionar o exonerar a los integrantes del cartel de los cuadernos. “Esta investigación tiene a tres empresas involucradas, Kimberly, Scribe y Carvajal, Kimberly y Scribe tienen la condición de delatores, es decir han colaborado con la Superintendencia en la investigación”, afirmó el funcionario.
“Todas la autoridades de competencias del mundo tienen programas de delación, tres de cada cuatro carteles que son descubiertos en el mundo son descubiertos gracias a la información de delatores”, puntualizó Robledo.
Pablo Felipe Robleado, superintendente de Industria y Comercio, habló en LA F.m. de este y otros temas.
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