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Delegados del Ministerio del Trabajo recibió en Bogotá a varios de los representantes sindicales de la compañía Afinia, con el objetivo de escuchar sus demandas y explorar vías de mediación que permitan evitar el cese de actividades anunciado en varios departamentos del norte del país.
El encuentro se produjo tras el ultimátum emitido por los empleados pertenecientes al sindicato Sintraelecol, quienes anunciaron la paralización de labores en las seccionales de Cesar, Córdoba, Sucre y Magangué (Bolívar). La medida, según lo expresado por los voceros sindicales, se da luego de más de tres meses de negociaciones sin acuerdo.
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Durante la reunión, el asesor legal de los trabajadores, Carlos Ronancio, le hizo un nuevo llamado a varias entidades, para buscar salidas que eviten un posible apagón en el Caribe colombiano.
"Pedimos a la Dian, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Fiscalía General de la Nación, que investiguen los movimientos financieros del Grupo EPM, del cual hace parte Afinia a través de su filial Caribe Mar de la Costa", señaló.
Indicó que las decisiones administrativas de la empresa podrían estar afectando tanto a los empleados, como a los usuarios del servicio de energía. "Es fundamental esclarecer quiénes son los responsables de los posibles manejos irregulares, más aún cuando se ha venido informando a la opinión pública sobre una crisis económica en la empresa", agregó.
Por su parte, Fabián Madrid, vocero principal de los trabajadores, agradeció al viceministro de Relaciones Laborales, Pavel Santodomingo, por recibirlos y prestar atención a las inquietudes presentadas.
Madrid manifestó que durante el encuentro se expuso el pliego de peticiones, elaborado con base en las decisiones adoptadas en las distintas asambleas de trabajadores.
“Solicitamos al Gobierno Nacional que actúe como garante en este proceso y facilite la aproximación entre las partes, para alcanzar un acuerdo antes de que se haga efectiva la huelga que anunciamos desde hace dos semanas”, dijo.
El líder sindical también advirtió que la situación actual responde a múltiples incumplimientos por parte de la empresa y a condiciones laborales precarias que han sido reiteradamente denunciadas.
Señaló que muchos de los trabajadores que participan en la protesta han estado vinculados a la empresa desde los tiempos de Electricaribe, con trayectorias laborales que superan los 30 años.
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La mesa de diálogo sigue abierta, mientras crece la expectativa sobre una posible intervención del Gobierno para evitar una huelga que podría afectar a miles de usuarios en la costa norte del país.
