La FM en Google News
La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su respaldo a los funcionarios y contratistas sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación, tras las visitas realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de las investigaciones relacionadas con la firma Thomas Greg & Sons.
En un pronunciamiento oficial, la entidad afirmó: “Expresamos nuestro respaldo irrestricto a las personas sancionadas”, y aseguró que se trata de servidores con experiencia en la prevención de prácticas anticompetitivas y en la defensa del interés público.
La Superintendencia sostuvo que las inspecciones se realizaron conforme a la ley. “Estos procedimientos de inspección se efectuaron en ejercicio de facultades legítimas y conforme a protocolos institucionales”, indicó.
Advertencia por impacto en la capacidad de control
La SIC aseguró que las sanciones no solo afectan a los funcionarios, sino también a la capacidad de la entidad para ejercer control.
“La limitación de las facultades de inspección, vigilancia y control (…) está dirigida a cercenar la capacidad institucional para proteger la competencia y el bien común”, señaló.
También advirtió que las sanciones —que incluyen inhabilidades hasta por cinco años y multas de hasta 130 millones de pesos— podrían reducir el alcance de sus funciones.
Según el comunicado, estas decisiones “dan cuenta de la intención de reducir a su mínima expresión las funciones de esta autoridad”.
Lo que encontró la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a 16 funcionarios y contratistas por irregularidades en las visitas administrativas realizadas durante las indagaciones sobre procesos contractuales.
El fallo disciplinario concluyó que la SIC no definió con claridad el objetivo de las inspecciones y que se accedió a información que no estaba directamente relacionada con la investigación.
“No es de obviar que la información recolectada debe tener relación directa con el asunto investigado”, señaló el Ministerio Público, que también habló de una posible extralimitación de funciones.
El ente de control advirtió que durante las visitas se solicitó información sensible, incluso de dispositivos personales, y que en algunos casos se comprometió la reserva de datos relacionados con el censo electoral y la seguridad nacional.
El trasfondo: la crisis por el contrato de pasaportes
La controversia se origina en el proceso contractual para la fabricación de pasaportes, que durante años ha estado en manos de Thomas Greg & Sons.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se intentó cambiar el modelo de contratación para evitar que la empresa fuera el único oferente, lo que generó disputas jurídicas y decisiones como la declaratoria de desierta de la licitación en 2023 por parte del entonces canciller Álvaro Leyva.
La falta de un nuevo esquema obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar en varias ocasiones la urgencia manifiesta para extender el contrato mientras se definía un nuevo modelo.
SIC espera reversar la decisión
La Superintendencia indicó que confía en que la decisión sea revisada en segunda instancia.
“Confiamos en que en la segunda instancia se realice un examen juicioso e imparcial (…) y que la decisión final respetará la verdad jurídica”, señaló la entidad.
El caso mantiene abierto un nuevo choque institucional en medio de la polémica por el contrato de los pasaportes y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en ese proceso.
