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La Corte Constitucional expidió el 14 de agosto el auto 841, del 17 de junio, en el que fijó las reglas para determinar si la reforma pensional podrá entrar en vigencia. El texto marca cómo se revisará si el Congreso corrigió el vicio detectado en el trámite legislativo.
El tribunal identificó un problema en la aprobación de la Cámara de Representantes. Según la Corte, “la corporación simplemente adoptó, mediante una proposición, el texto que había sido aprobado previamente por el Senado de la República”. Para el alto tribunal, este procedimiento no cumple con la Constitución.
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El auto advierte que aprobar en bloque un articulado sin discutir cada disposición vulnera el principio democrático de deliberación. El documento señala: “La sola aprobación de una proposición (…) sin mediar la posibilidad de un debate sobre su contenido (…) constituye una omisión incompatible con el principio democrático”.
Tras el auto, el Gobierno convocó sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio. Aunque la Cámara volvió a aprobar el articulado, tampoco se debatió artículo por artículo, lo que genera dudas sobre si el vicio señalado por la Corte Constitucional fue realmente subsanado.
La Corte recordó que el debate legislativo es obligatorio y no puede reducirse a votar un texto sin discusión. Ahora, la Sala Plena deberá decidir si el procedimiento cumplió con los requisitos exigidos. De lo contrario, la reforma pensional no podrá entrar en vigor hasta que se realice un debate conforme a la Constitución.
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¿Qué pasará con la reforma? Colpensiones advirtió que no hay plan B
Luego de que se conociera el auto de la Corte Constitucional, que dejó dudas sobre si la Cámara de Representantes subsanó o no el vicio del trámite, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, habló con el diario El Tiempo sobre el futuro de la reforma y lo que ocurriría si esta se cae.
Dussán aseguró al medio que la Cámara ya subsanó "el supuesto vicio de procedimiento", acogiendo así la petición de la Corte, y señaló que es esta última la que ahora debe "acoger el texto de la ley y permitir su aplicación lo más rápido posible".
"El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha reiterado que el trámite del proyecto en el Congreso en las sesiones ordinarias y extraordinarias se han realizado cumpliendo la Constitución y la Ley 5 de 1992, y con plena autonomía e independencia de los demás poderes, cumpliendo el mandato popular que los eligió", afirmó el presidente de Colpensiones.
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Frente a la pregunta de qué pasaría con la reforma si se cae, Dussán recalcó que no existe un plan B "porque el Congreso y el Gobierno tramitaron una ley con todo el rigor constitucional y legal".
De esta manera, el funcionario reiteró que será la Corte la encargada de definir el futuro de la reforma y establecer cuándo podrá entrar en vigor.
