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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la firma de 148 contratos por más de $125.000 millones en los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la ley de garantías.
Según el funcionario, en apenas dos días se comprometieron recursos por más de $100.000 millones. El ministro aseguró que, además del volumen de contratación, se identificaron posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas.
"En Fontur, durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la ley de garantías, se firmaron 148 contratos por más de 125 mil millones de pesos", afirmó Gómez Amín.
El jefe de la cartera de Comercio señaló que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y anunció que también serán trasladados a los organismos de control.
Más de $100.000 millones comprometidos en dos días
Uno de los puntos señalados por el ministro fue la concentración de contratos durante los días previos a la entrada en vigor de las restricciones establecidas por la ley de garantías.
De acuerdo con su denuncia, Fontur suscribió 148 contratos en cuatro días, por un valor superior a $125.000 millones. De ese monto, más de $100.000 millones habrían sido comprometidos en un periodo de apenas dos días.
"Pero no se trata solamente de las cifras. Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas", aseguró el ministro.
Gómez Amín cuestionó las circunstancias en las que se realizaron estas contrataciones y pidió establecer el destino de los recursos.
"¿Qué estaban tratando de hacer a última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar toda esa plata?", manifestó.
Las declaraciones del funcionario no precisan cuáles fueron los contratos señalados, las entidades o empresas contratistas, ni los proyectos turísticos a los que estaban destinados los recursos.
Fiscalía recibió denuncia y Gobierno acudirá a Contraloría y Procuraduría
El ministro confirmó que las presuntas irregularidades ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de determinar si existen conductas que puedan constituir delitos.
Asimismo, anunció que el Ministerio de Comercio remitirá la información a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.
"Estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Pero también daremos traslado inmediato a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes", indicó.
La Contraloría podrá examinar posibles afectaciones a los recursos públicos, mientras que la Procuraduría podrá evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Por ahora, las afirmaciones corresponden a una denuncia presentada por el ministro. No se ha informado sobre decisiones judiciales, hallazgos fiscales definitivos o sanciones disciplinarias relacionadas con los contratos mencionados.
Ministro de Comercio pide explicaciones al gobierno de Gustavo Petro
Durante su pronunciamiento, Gómez Amín responsabilizó políticamente a la administración anterior de responder por las actuaciones contractuales que ahora son objeto de cuestionamientos.
"El gobierno anterior tiene que responder por lo que ocurrió en Fontur", afirmó.
El ministro también aseguró que la administración del presidente Abelardo de la Espriella mantendrá la revisión de las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos.
"En este gobierno, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, los recursos públicos se respetan, los recursos públicos son sagrados. Y lo que encontremos lo vamos a denunciar sin titubear un solo minuto", expresó.
El anuncio abre un proceso de revisión sobre la contratación señalada por el Ministerio de Comercio. Las autoridades competentes deberán establecer si los contratos cumplieron las disposiciones legales, si existen inconsistencias documentales y si se configuraron responsabilidades por parte de funcionarios o contratistas.
Hasta el momento, en las declaraciones suministradas no se incluye una respuesta del gobierno anterior ni de los responsables de Fontur durante el periodo cuestionado.
1. ¿Qué denunció MinComercio sobre los 148 contratos de Fontur?
MinComercio denunció presuntas irregularidades en 148 contratos de Fontur por más de $125.000 millones, firmados durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la ley de garantías en el gobierno de Gustavo Petro. Según el ministro Mauricio Gómez Amín, más de $100.000 millones fueron comprometidos en apenas dos días.
2. ¿Qué irregularidades encontró MinComercio en la contratación de Fontur?
MinComercio señaló posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas relacionados con los contratos de Fontur. El ministro Mauricio Gómez Amín cuestionó las condiciones en las que se comprometieron los recursos y solicitó esclarecer su destino. Las irregularidades denunciadas deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
3. ¿Por qué MinComercio cuestiona los contratos de Fontur antes de la ley de garantías?
MinComercio cuestiona la concentración de 148 contratos por más de $125.000 millones en los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la ley de garantías. Esta normativa establece restricciones a determinadas modalidades de contratación estatal durante los periodos electorales. La firma de contratos antes de su vigencia no constituye, por sí sola, una irregularidad.
4. ¿Qué entidades investigarán las denuncias de MinComercio contra Fontur?
MinComercio informó que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y anunció que remitirá la información a la Contraloría y la Procuraduría. Estas entidades podrán examinar posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias relacionadas con los 148 contratos cuestionados. Hasta el momento no se han comunicado conclusiones definitivas sobre las presuntas irregularidades.
