“No fueron improvisados”: Invías responde por contratos de $3,2 billones para La Guajira

Invías defendió la legalidad de las licitaciones para obras en La Guajira y aseguró que los procesos avanzaron con amplia participación de oferentes.
Instituto Nacional de Vías - Invías
Instituto Nacional de Vías - Invías Crédito: Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aseguró que los contratos para proyectos de infraestructura vial en La Guajira, cuyo valor asciende a cerca de $3,2 billones, "no corresponden a decisiones tomadas de manera improvisada ni a procesos iniciados en los últimos días del gobierno".

La entidad sostuvo que la estructuración de estas contrataciones comenzó en diciembre de 2025, dentro de un proceso que, según indicó, cumplió todas las etapas previstas por la legislación colombiana en materia de contratación pública.

De acuerdo con Invías, las obras hacen parte de la ejecución del CONPES 4161, una política pública diseñada para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, relacionada con la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades Wayuu. La entidad señaló que para ese conjunto de proyectos fueron destinados recursos por $3,5 billones, destinados a la ejecución de obras de infraestructura en el departamento.

Procesos contractuales iniciaron hace varios meses

El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, afirmó que "este tipo de contratos requieren procesos técnicos, jurídicos y financieros que se desarrollan durante varios meses", por lo que rechazó los señalamientos según los cuales las adjudicaciones habrían sido estructuradas y definidas en un corto periodo de tiempo.

Según explicó, los expedientes administrativos evidencian que las actuaciones comenzaron desde finales de 2025 y siguieron el procedimiento establecido para este tipo de contrataciones.

La entidad indicó que los procesos adelantados para las obras en La Guajira cumplieron las etapas contempladas en el Estatuto General de Contratación Pública y en la Ley 80 de 1993, incluyendo las fases de planeación, selección objetiva, evaluación y adjudicación. Añadió que el siguiente paso corresponde a la firma de los contratos y posteriormente a la suscripción de las actas de inicio para dar paso a la ejecución de las obras.

En relación con la participación de oferentes, Invías informó que durante las licitaciones para las obras públicas se presentaron 105 propuestas, lo que representó un promedio de 10 proponentes por lote. En los procesos de interventoría, por su parte, se recibieron 252 propuestas, equivalentes a un promedio de 42 proponentes por lote. La entidad señaló que cada una de las ofertas fue evaluada por comités independientes desde los componentes técnico, jurídico y financiero.

Según Invías, esa participación de proponentes permitió desarrollar los procesos bajo criterios de pluralidad, libre competencia y selección objetiva, por lo que sostuvo que las adjudicaciones se realizaron conforme a los procedimientos establecidos para la contratación estatal.

Invías defiende la continuidad de los proyectos públicos

La entidad también manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo continúa vigente hasta que el Congreso de la República apruebe uno nuevo, razón por la cual las entidades estatales deben garantizar la continuidad de las políticas públicas y de los proyectos que ya se encuentran en marcha.

En ese contexto, Invías recordó que la administración saliente recibió aproximadamente $15 billones en contratos adjudicados durante el gobierno anterior y señaló que esos proyectos continuaron su ejecución sin ser suspendidos debido al cambio de administración. La entidad sostuvo que las obras públicas responden a políticas de Estado y que su desarrollo no debe interrumpirse por los relevos en el Gobierno Nacional.

El director de Invías reiteró que los proyectos previstos para La Guajira tienen como propósito dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional y buscan mejorar las condiciones de acceso y conectividad de miles de familias Wayuu, en el marco de las obligaciones establecidas por esa decisión judicial.

Expedientes contractuales son de acceso público

Invías aseguró que los contratos relacionados con estas obras fueron estructurados conforme a la normativa vigente y reiteró que el cierre de los procesos corresponde a la suscripción de los contratos y al inicio de su ejecución, una vez se firmen las respectivas actas de inicio.

La entidad agregó que los expedientes contractuales son públicos y pueden ser consultados por cualquier ciudadano o autoridad competente. Según indicó, esa documentación permite verificar la trazabilidad de cada proceso, desde su estructuración y evaluación hasta la adjudicación y posterior ejecución de las obras, conforme a los principios previstos en la legislación colombiana sobre contratación estatal.

Claves de este tema, en cuatro preguntas:

¿Por qué Invías asegura que los contratos para La Guajira no fueron improvisados?

Invías afirmó que los procesos contractuales para las obras en La Guajira comenzaron en diciembre de 2025, cumplieron las etapas previstas por la Ley 80 y hacen parte del CONPES 4161, por lo que rechazó que se trate de decisiones tomadas en los últimos días del anterior Gobierno.

¿Cuántas propuestas recibieron las licitaciones de los contratos para La Guajira?

Según Invías, las licitaciones para las obras en La Guajira recibieron 105 propuestas de obra pública, con un promedio de 10 oferentes por lote, mientras que los procesos de interventoría registraron 252 propuestas, equivalentes a 42 proponentes por lote.

¿Qué proyectos respaldan los contratos para La Guajira, según Invías?

Invías explicó que las obras hacen parte del CONPES 4161 y están orientadas a dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, mediante proyectos destinados a garantizar los derechos fundamentales de las comunidades Wayuu.

¿Qué dijo Invías sobre la continuidad de las obras públicas?

Invías señaló que el Plan Nacional de Desarrollo permanece vigente hasta que el Congreso apruebe uno nuevo, por lo que las entidades del Estado deben garantizar la continuidad de los proyectos públicos, independientemente de los cambios de gobierno.


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