Gobernador de Antioquia alerta que 12.000 familias podrían quedarse sin vivienda por aumento del salario mínimo

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que Antioquia deberá buscar recursos adicionales para evitar recortes en programas sociales y en vías secundarias.

En entrevista con La FM, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el departamento enfrenta dificultades para financiar programas de vivienda debido al incremento del salario mínimo y a disposiciones del Gobierno nacional que, según dijo, generan sobrecostos y afectan las finanzas regionales.

¿Cómo afectaría el decreto del Gobierno a los subsidios de vivienda?

Rendón señaló que el aumento del salario mínimo, que describió como “cerca de cinco veces la inflación causada”, obliga al departamento a asumir sobrecostos superiores a 800.000 millones de pesos en distintos frentes.

Explicó que uno de los mayores impactos se concentra en el programa de vivienda, donde Antioquia deberá buscar más de 260.000 millones para ajustar subsidios que permitirían cumplir “el sueño de tener casa digna” a más de 12.000 familias. Indicó que esta situación se presenta luego de que, según él, el Gobierno nacional liquidara el programa Mi Casa Ya, lo que llevó al departamento a asumir compromisos adicionales.

El gobernador afirmó que, si no se consiguen los recursos, será necesario reducir el alcance de los proyectos. Señaló que “muy probablemente no vamos a alcanzar a honrar el sueño a 12.000 familias antioqueñas que necesitaban casa” y añadió que también habría recortes en los programas de pavimentación de vías secundarias y otros componentes del departamento.

Rendón sostuvo que los sobrecostos también afectan sectores como la obra pública, donde, según dijo, el incremento supera los 360.000 millones. También mencionó presiones en los gastos de funcionamiento y en el servicio de la deuda.

¿Qué impacto tendría la emergencia económica en los departamentos?

El mandatario departamental manifestó que el decreto de emergencia económica implica nuevas cargas para entidades como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Señaló que la norma obligaría a la FLA a vender cerca de 3 billones de pesos para transferir alrededor de 800.000 millones al Gobierno nacional, recursos que, afirmó, podrían destinarse a programas departamentales. Indicó que esta situación genera un escenario en el que “los departamentos tienen una situación fiscal muy crítica”.

Sobre el impuesto a los licores, Rendón anunció que solicitará en una cumbre de gobernadores que se suspendan temporalmente los efectos tributarios del decreto mientras se toma una decisión de fondo. Explicó que, según información del gerente de la FLA, este año se transferirían más de 720.000 millones al Gobierno nacional. Señaló que, con cada aumento en el precio, se reducen las ventas en igual proporción, lo que afecta las finanzas regionales.

Rendón afirmó que la nueva carga tributaria provocaría un aumento del 40–45% en el precio del aguardiente, lo que, según dijo, reduciría ventas y ampliaría espacios para mercados ilegales. Indicó que una botella podría pasar de 40.000 a 60.000 pesos, lo que llevaría a algunos consumidores a preferir licor de contrabando.

El gobernador concluyó que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional generan dificultades para Antioquia tanto en proyectos de vivienda como en otros sectores estratégicos del departamento.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.


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