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La Contraloría General de la República advirtió que la implementación del Acuerdo de Paz enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural, al señalar que las proyecciones financieras elaboradas para ejecutar los compromisos pactados no han sido actualizadas conforme a las necesidades reales identificadas durante los últimos años.
El organismo de control presentó un balance al cumplirse una década de la firma del acuerdo y concluyó que, aunque se han ajustado las metas físicas, el componente financiero continúa basado en estimaciones realizadas desde 2017.
Según la entidad, esa situación ha generado una diferencia entre los recursos disponibles y los que realmente se requieren para avanzar en los compromisos relacionados con la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las demás acciones contempladas para transformar las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Recursos ejecutados siguen por debajo de las necesidades
Entre 2017 y 2026, el Estado apropió y ejecutó $138,11 billones destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. Esa cifra representa el 65% de los recursos proyectados inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017, que estimó una inversión equivalente a $211,8 billones a precios de 2025.
No obstante, la Contraloría indicó que, al comparar esa ejecución con las necesidades actuales de la Reforma Rural Integral, el dinero comprometido solo cubre cerca del 37% de los recursos requeridos para cumplir las metas previstas hacia 2031. El cálculo tiene en cuenta la ejecución de los 16 planes nacionales sectoriales rurales y los programas dirigidos a los municipios PDET.
El organismo de control explicó que el origen de esa diferencia se encuentra en la estimación realizada en 2017, cuando se subvaloró el alcance de las intervenciones previstas para los territorios priorizados y para la ruralidad dispersa.
Además, señaló que dentro de la proyección inicial se contabilizaron como nuevos recursos que ya pertenecían al Sistema General de Participaciones y se asignaron obligaciones financieras a municipios que no tenían capacidad fiscal suficiente para asumirlas.
La Contraloría también indicó que, aunque la legislación contempla la actualización periódica del costo de implementación del Acuerdo de Paz, el componente financiero no ha sido actualizado a 2025, pese a que sí se han modificado las metas físicas previstas para diferentes programas.
Otro de los aspectos advertidos por la entidad es la dependencia del Presupuesto General de la Nación, que financia el 67% de la implementación. A ello se suma una participación limitada de las fuentes territoriales, la concentración de recursos en determinados componentes y regiones, así como dificultades para hacer seguimiento a la destinación de parte de los recursos mediante los mecanismos de trazabilidad existentes.
Persisten retos en la ejecución y el impacto de la inversión
La Contraloría informó que otro 17% de la financiación proviene del Sistema General de Regalías, cuyos recursos se han concentrado principalmente en la Reforma Rural Integral y el OCAD Paz, mecanismo a través del cual se han aprobado 1.068 proyectos por un valor de $10,77 billones.
Sin embargo, el organismo señaló que aún permanecen casi $1 billón en proyectos aprobados sin contratar, situación que afecta principalmente iniciativas correspondientes a 2025. También recordó que, aunque en 2021 se autorizó un anticipo excepcional de regalías futuras, los desembolsos efectivos disminuyeron considerablemente durante el año siguiente.
La entidad destacó que el 90,4% de los proyectos financiados se encuentran alineados con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. No obstante, advirtió que todavía existen limitaciones para identificar con precisión la inversión realizada en cada municipio PDET, así como para establecer un seguimiento específico a los recursos destinados a los enfoques étnicos y de género.
Pese al volumen de recursos ejecutados durante la última década, la Contraloría concluyó que no se han materializado los cambios estructurales esperados en los territorios priorizados. El balance señala que el desafío no solo está relacionado con la cantidad de recursos invertidos, sino también con la calidad del gasto, la eficacia de las inversiones públicas y la coordinación entre las entidades responsables de ejecutar los programas.
Pobreza rural, cultivos ilícitos y desafíos
En materia social, la Contraloría advirtió que la reducción de la pobreza extrema rural avanza a un ritmo insuficiente frente a las metas previstas. Según el balance, durante los últimos diez años este indicador apenas disminuyó 0,3%, mientras que el promedio de reducción registrado en los dos años más recientes ha sido de 0,75 puntos porcentuales anuales.
Con ese comportamiento, la entidad estima que el país tardaría hasta 2053 en alcanzar niveles cercanos a la erradicación de la pobreza extrema rural, una meta que inicialmente estaba prevista para 2031. El organismo relacionó ese rezago con una gestión desarticulada y con la falta de resultados proporcionales frente a los recursos ejecutados.
Respecto al punto relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, la Contraloría informó que se han ejecutado $8,44 billones, equivalentes al 65% de la meta financiera prevista para un periodo de quince años.
Sin embargo, señaló que esos recursos no se han traducido en resultados equivalentes sobre la reducción de los cultivos ilícitos, debido a problemas asociados con la sostenibilidad de las intervenciones y la persistencia de limitaciones en infraestructura, vías, acceso a mercados y presencia institucional en los
El organismo también advirtió un posible limbo legal para el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), debido a que la ley que regula su funcionamiento establece su vigencia hasta el 29 de mayo de 2027.
La Contraloría General de la República indicó que la implementación del Acuerdo de Paz aún enfrenta desafíos relacionados con la financiación, la articulación entre entidades, la transparencia en el seguimiento de los recursos y la ejecución de las inversiones en los territorios, aspectos que, según el organismo de control, serán determinantes para avanzar en los compromisos de transformación rural y construcción de paz establecidos en el acuerdo.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Qué advirtió la Contraloría sobre la financiación del Acuerdo de Paz?
La Contraloría General de la República advirtió que la implementación del Acuerdo de Paz enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural porque las proyecciones financieras no han sido actualizadas conforme a las necesidades reales, pese a los ajustes realizados en las metas físicas.
¿Cuánto dinero se ha invertido en la implementación del Acuerdo de Paz?
La implementación del Acuerdo de Paz ha contado con una inversión de $138,11 billones entre 2017 y 2026. Sin embargo, la Contraloría indicó que esos recursos representan solo el 37% de las necesidades estimadas para cumplir las metas de la Reforma Rural Integral hacia 2031.
¿Por qué la Contraloría dice que el Acuerdo de Paz no ha logrado los resultados esperados?
La Contraloría señaló que, aunque se han destinado $138,11 billones para implementar el Acuerdo de Paz, los cambios estructurales previstos en los territorios priorizados no se han materializado y persisten desafíos relacionados con la calidad del gasto, la articulación institucional y el seguimiento a los recursos.
¿Qué dijo la Contraloría sobre la pobreza rural y la sustitución de cultivos?
La Contraloría advirtió que el ritmo de reducción de la pobreza extrema rural no permitiría alcanzar la meta prevista para 2031 y señaló que, aunque se han ejecutado $8,44 billones para la sustitución de cultivos ilícitos, los resultados no han sido proporcionales frente a los recursos invertidos.
