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En el inicio del pago del impuesto al patrimonio, algunas empresas reportaron dificultades para cumplir con la obligación tributaria decretada por el Gobierno en el marco de la emergencia económica.
El tributo comenzó a regir este primero de abril y aplica a más de 15.000 compañías con patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos. Las tarifas son del 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y del 0,5% para las demás actividades. El pago está dividido en dos cuotas: la primera este 1 de abril y la segunda el 4 de mayo.
Dian descarta fallas generalizadas
Frente a estos reportes, fuentes de la Dian señalaron que no se han recibido quejas generalizadas sobre problemas en el pago del impuesto y aseguraron que “muchas empresas ya realizaron el pago sin problema”.
Según la entidad, los inconvenientes podrían estar relacionados con errores en el diligenciamiento del formulario. Por ello, recomendaron a los contribuyentes acudir directamente a los puntos de contacto de la Dian para recibir atención y orientación.
Contexto fiscal del impuesto
La creación de este tributo se da en medio de un faltante de 13,6 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026. El Gobierno proyecta recaudar cerca de 8 billones de pesos, mientras que estimaciones privadas sitúan la cifra alrededor de los 6,3 billones.
ANDI advierte impacto en empresas
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió sobre las dificultades operativas que enfrentan las empresas con este nuevo tributo y cuestionó el aumento de la carga tributaria.
“Para una empresa es supremamente complicado todo este manejo tributario (…) con estas reglas de juego y con esta interrelación tan compleja con el Gobierno, que básicamente lo que hace es tratar de aumentar las cargas tributarias”, señaló.
También indicó que ya se están viendo efectos en las decisiones empresariales: “Hay compañías que están vendiendo activos, hay compañías que están liquidando inversiones y definitivamente es un impuesto a la inversión y a la generación de empleo”.
Mac Master aseguró que el recaudo se concentrará en los contribuyentes formales: “Esos impuestos se le van a cobrar a las empresas que pagan impuestos hoy en día. No será a las que nunca han pagado, no será a las que la DIAN no tiene identificadas, tampoco será al grupo informal”.
Sobre la carga tributaria, agregó: “Es verdad que el total de impuestos en Colombia no es muy alto, pero es verdad que las empresas que pagan impuestos pagan impuestos altísimos”.
Acción ante la Corte e incertidumbre
El dirigente gremial confirmó que se solicitó la suspensión del decreto ante la Corte Constitucional: “Le pedimos a la Corte que estudiara la posibilidad de suspenderlo hasta tanto se pudiera pronunciar de fondo (…) porque resulta tan sorpresivo como complejo para las empresas”.
También advirtió sobre la incertidumbre jurídica: “Estamos en una situación muy compleja, porque las empresas tienen que pagar sin saber si el impuesto se va a mantener o no”.
Sector financiero alerta sobre efectos
Desde el sector financiero, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez señaló que el impuesto tiene efectos directos sobre la inversión.
“Estoy absolutamente seguro que cualquier impuesto al patrimonio es un impuesto a la inversión. Cuando se grava el patrimonio es la segunda vez que se le grava la misma utilidad”, afirmó.
Explicó que las utilidades ya fueron gravadas con el impuesto de renta y vuelven a serlo al convertirse en patrimonio.
También advirtió sobre posibles problemas de liquidez: “Hay empresas que están dando apenas utilidades marginales, que no tienen el flujo de caja (…) razón por la cual lo más seguro es que les toca salir a tomar préstamos”.
Sobre el impacto financiero de ese endeudamiento, concluyó: “Esos créditos no rinden y terminan afectando la situación financiera de las compañías”.
