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Colombia presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) una demanda contra la ‘tasa de seguridad’ que impuso Ecuador al ingreso de productos colombianos a ese país. Esta ‘tasa’ equivale a un arancel del 30%. Colombia considera que se incumplió el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se fijó en cero el arancel para los productos comercializados entre los países miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
De esta manera, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó una demanda ante la Comunidad Andina para que revise los aranceles que el Gobierno de Ecuador mantiene sobre productos colombianos. El organismo comunitario confirmó la recepción del recurso y anunció que estudiará si esas medidas vulneran los acuerdos comerciales vigentes.
En una comunicación dirigida a Carlos Alberto Rojas, jefe de la oficina de asuntos legales internacionales del Ministerio, la CAN señaló que el trámite se hará “en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 425”, con el que Colombia solicita que se califique como gravamen la tasa de control aduanero aplicada por Ecuador.
Cuestionamiento a resolución ecuatoriana
En la demanda, la cartera colombiana objetó la Resolución Senae-Senae-2026-0006 expedida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con la cual se creó una “tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero respecto de las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia”.
Según el Gobierno colombiano, esa medida constituye un gravamen contrario a los compromisos comerciales dentro de la CAN, por lo que pidió al organismo comunitario revisar su legalidad.
La CAN inicia investigación
La CAN confirmó la recepción de los anexos enviados por Colombia y anunció el inicio del trámite para estudiar las medidas ecuatorianas. El organismo indicó que, durante el proceso, podrá solicitar información adicional a las autoridades involucradas y practicar las diligencias necesarias para contrastar los hechos.
Contexto del conflicto
La decisión de acudir a la CAN se produjo después de una reunión bilateral entre delegaciones de Colombia y Ecuador para tratar el conflicto comercial. Aunque se alcanzaron acuerdos en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado, el Gobierno ecuatoriano decidió mantener los aranceles sobre las importaciones colombianas, lo que llevó a la presentación de la demanda.
