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Durante una exposición ante el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó un panorama detallado de la situación fiscal del país.
Uno de los puntos centrales fue el nivel de deuda pública, que se mantiene actualmente en el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB).
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Según Ávila, esa cifra es similar a la registrada en 2021 y se considera aún dentro de márgenes manejables.
“Es factible que sea necesario incrementar el nivel de endeudamiento, pero hasta niveles que deben ser razonables”, dijo el ministro, quien añadió que las proyecciones permiten un aumento hasta el 63 % del PIB si las condiciones del país lo exigen.
También recordó que el límite de endeudamiento definido por la regla fiscal es del 71 %.
El jefe de la cartera explicó que la caída de la deuda en 2023 se debió a un efecto cambiario: “La tasa de cambio bajó de 4.810 a 3.823 pesos durante ese año, y eso redujo sensiblemente el valor de la deuda en pesos”, señaló.
Sin embargo, en 2024 el tipo de cambio volvió a subir y la deuda retomó el rango del 60 %.
Más allá del endeudamiento, Ávila se refirió a los compromisos presupuestales que ha tenido que asumir el actual Gobierno.
Señaló que el Ejecutivo ha tenido que absorber gastos derivados de decisiones pasadas, como el congelamiento del precio de la gasolina en el gobierno anterior, así como la totalidad de los costos asociados a la atención de la pandemia.
A eso se suma el impacto de vigencias futuras firmadas en administraciones pasadas, que han restringido la capacidad de inversión.
“Este Gobierno ha tenido que atender vigencias futuras por 66,7 billones de pesos. Solo en este año, ya se han pagado 21 billones”, dijo Ávila.
Esos compromisos —explicó— provienen de los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos e incluso Álvaro Uribe.
El ministro también hizo énfasis en la estructura rígida del presupuesto general de la nación. Según su diagnóstico, el 85,7 % del presupuesto se destina a funcionamiento y pago de deuda, mientras que solo el 14,2 % queda disponible para inversión.
Sin embargo, incluso ese porcentaje tiene restricciones: el 27,4 % del presupuesto de inversión está comprometido en vigencias futuras y el 15,2 % corresponde a rentas con destinación específica.
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Esto deja al Gobierno con un margen limitado para ejecutar nuevos proyectos.
Del total de gastos de funcionamiento, el 63,8 % se destina al Sistema General de Participaciones, pensiones, aseguramiento en salud y educación pública, mientras que el 71 % de los gastos de personal está concentrado en las fuerzas militares, la rama judicial, la Fiscalía y los órganos de control.
Finalmente, el ministro Ávila se refirió a las reformas tributarias recientes y al recaudo alcanzado.
Dijo que la Ley 2277 de 2022, que proyectaba un recaudo de 25,8 billones de pesos, finalmente recogió solo 18,8 billones.
La reducción obedeció, entre otras razones, a una decisión de la Corte Constitucional que declaró no deducibles las regalías del impuesto de renta, lo que recortó el recaudo en unos 7,8 billones.
