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En los Secretos de Darcy Quinn se habló sobre la fuerte presión política y jurídica que rodea al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno, una medida cuya continuidad hoy depende de lo que decida la Corte Constitucional. El ambiente es de expectativa y tensión, no solo por el impacto económico del decreto, sino por el choque institucional que se ha venido gestando en las últimas horas.
¿Qué puede hacer la Corte Constitucional frente al decreto?
La Corte Constitucional tiene programadas sesiones para el 23 o el 28 de enero, en las que discutirá si procede la suspensión de los efectos del decreto de emergencia económica mientras se adopta una decisión de fondo. Ese fallo definitivo se conocería, según los tiempos habituales del tribunal, en el mes de marzo. Aunque el escenario es complejo, en los pasillos judiciales se reconoce que no es una posibilidad descartada.
Existe un precedente de 1994 que, en principio, limita la facultad de la Corte para suspender los efectos de un decreto de emergencia antes de fallar de fondo. Sin embargo, los magistrados analizarán si ese antecedente debe mantenerse o revisarse, teniendo en cuenta las particularidades del caso actual y los argumentos planteados en las demandas presentadas.
El alto tribunal ya ha recibido múltiples acciones judiciales contra el decreto, lo que ha obligado a acelerar el análisis. En ese proceso también comenzará a evidenciarse la postura de cada magistrado, en un momento en el que el debate trasciende lo jurídico y se instala de lleno en el terreno institucional.
Gobernadores en bloque y un pulso político con el Gobierno
A este escenario se suma un ambiente de confrontación entre las regiones y el Gobierno Central que no se sentía desde hace años. Lo que inicialmente estaba planteado como una cumbre rutinaria de gobernadores en Bogotá terminó convirtiéndose en un pronunciamiento colectivo contra las decisiones económicas adoptadas desde la Casa de Nariño.
Un bloque de 20 de los 32 gobernadores decidió fijar una posición conjunta y expresar su rechazo al decreto de emergencia económica, marcando distancia frente al presidente Gustavo Petro y anunciando una suerte de resistencia política frente a la medida. Esta postura regional añadió presión al debate y se convirtió en un factor adicional que la Corte Constitucional no puede ignorar.
En este contexto, vale recordar que el Gobierno cuenta con tres votos fijos dentro del alto tribunal, por lo que el desenlace quedará en manos de magistrados como Juan Carlos Cortez y Natalia Ángel. Ambos, en el pasado, respaldaron al Ejecutivo al justificar la emergencia en La Guajira, una ponencia que fue derrotada en Sala Plena. Al final, esa emergencia se cayó, un antecedente que hoy vuelve a cobrar relevancia.
