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La contratación directa con organizaciones de base durante el gobierno de Gustavo Petro, dejó un rastro de más de $31 billones de pesos comprometidos, pese a que la figura que lo permitió fue declarada inconstitucional, según advirtió Colombia Compra Eficiente.
Los datos se desprenden de una respuesta a un derecho de petición por parte de esa entidad, en la que se detalla que en lo corrido de esta administración se han firmado 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos y resguardos indígenas, entre otras organizaciones.
Una figura cuestionada desde su origen
Según el informe, el esquema tenía sustento en los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo de 2023, que habilitaban a las entidades del Estado a contratar de manera directa con actores de la llamada economía popular.
La norma señalaba que “las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía” con estas organizaciones, bajo la figura de Asociaciones Público Populares.
Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que el Gobierno excedió sus competencias al crear una vía adicional de contratación directa sin una delimitación clara.
En su decisión, el tribunal advirtió que “el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública”, además de afectar “los límites a la potestad reglamentaria”.
¿Cómo se distribuyeron los recursos?
Las cifras muestran la magnitud del esquema:
- Más de 25 billones en 55.434 contratos con asociaciones comunales.
- Más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios.
- Más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos indígenas.
- Más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos.
- Más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
- Más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal.
Pese a estos montos, el avance de ejecución es limitado. De los contratos con asociaciones comunales, por ejemplo, solo 7.309 aparecen como terminados.
En otros casos, las cifras son aún más bajas: apenas 165 contratos fueron concluidos con cabildos y poco más de 1.000 con consejos comunitarios.
La mayoría sigue en estados como “celebrado”, “modificado” o en ejecución.
Alertas por resultados y ejecución
Los resultados en terreno también han sido objeto de cuestionamientos. Un informe de la Contraloría General de la República de Colombia advierte rezagos en programas clave que usaron este tipo de contratación.
Uno de ellos es 'Caminos para la Paz'. De los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos, solo se han construido 2.387 kilómetros, es decir, cerca del 7 % de la meta.
Críticas desde el sector de infraestructura
Desde el inicio, gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura habían advertido los riesgos. El entonces presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, señaló que ese modelo “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas”.
También cuestionó que se asignaran labores técnicas a organizaciones sin la experiencia requerida, lo que, según dijo, iba “en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería”.
El gremio advirtió además que este esquema abría la puerta a adjudicaciones sin estudios ni diseños suficientes, con el riesgo de obras inconclusas o de baja calidad.
Debate jurídico: entre la flexibilización y los límites
Antes del fallo, la Procuraduría General de la Nación de Colombia había respaldado la medida.
El procurador Gregorio Eljach sostuvo que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”.
Incluso defendió que las normas “permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras”, en referencia a su compatibilidad con las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Un modelo en el centro de la discusión
Aunque la figura ya fue retirada del ordenamiento jurídico, los contratos firmados bajo ese esquema siguen vigentes y en ejecución.
El debate ahora se concentra en los resultados: el nivel de avance de las obras, el destino de los recursos y los controles sobre su ejecución.
En paralelo, los cuestionamientos giran en torno a si este modelo afectó la competencia en la contratación pública y si terminó favoreciendo la asignación directa de recursos sin los filtros habituales del sistema.
