Se conoce quién habría pagado por la póliza falsa de Centros Poblados
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23 Nov 2021 04:40 PM

Contraloría vinculó a socio de Centros Poblados a un proceso de responsabilidad fiscal

Según el organismo, en ese contrato, está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).
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Laura
Rodríguez Hernández
@LauraRH0314

La Contraloría General de la República (CGR) vinculó a la firma Intec de la Costa, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito.  

Según el organismo, en ese contrato, está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019). En este caso, Intec de la Costa aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80% de participación.  

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La entidad señaló que dicho consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades.  

La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.  

La Contraloría señaló que al momento de realizar la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debían estar allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.  

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.  

Pólizas vencidas y otros líos  

Adicionalmente, la Contraloría determinó que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.  

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.  

No siendo suficiente, la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de ocupación de cause y permiso de aprovechamiento forestal. Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.  

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.  

Para ese proceso, la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales, a:  

Víctor Miguel Ricardo Vega, alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados; Kevin Ricardo Caly, secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría; Intec de la Costa, como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública.  

Así como Dialco Construcciones, como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, contratista ejecutor del contrato de obra; Walter David Sánchez Urzola, por su actuar como representante legal del Consorcio; Colvilco, integrante del Consorcio; Javier José Pereira Areiza, integrante del Consorcio Interpuentes 2019.  

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El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de $1.337.790.621,50, correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.  

Cabe recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70.000 millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.  

Además de Intec de la Costa, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora, ICM Ingenieros y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (Funtics, ahora Novotic).