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La Contraloría General de la República anunció la imputación de cargos por responsabilidad fiscal en contra de 20 funcionarios y miembros de la junta directiva de la Refinería de Cartagena (Reficar), por el millonario descalabro financiero que sufrió este proyecto.
El órgano de control reportó que de igual forma fueron requeridas las cinco multinacionales que participaron en el proyecto.
La decisión se tomó luego de comprobarse la existencia de un daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena, entre los años 2011 a 2015.
El proyecto inicialmente tenía un valor de 3.777 millones de dólares y terminó costando cerca de 5 mil millones más.
La Contraloría también pudo comprobar que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto, al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, lo que dificulta la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación, que es el accionista mayoritario.
En la investigación se lograron identificar hechos irregulares como, por ejemplo, haber aprobado una póliza irrisoria de 1 millón de dólares para asegurar el cumplimiento del contrato con la firma CBI.
Además, la Contraloría ordenó investigar las responsabilidades que caben por la pérdida de 1.936 millones de dólares, que dejaron de percibirse debido a la entrada tardía en operación de la refinería.
