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La Contraloría General de la República hizo un requerimiento formal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que entregue un informe completo y detallado sobre los compromisos financieros del proyecto ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique’, una de las obras más esperadas y estratégicas para el Caribe colombiano.
A través de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, el ente de control exigió que la ANI sustente los valores de las vigencias futuras correspondientes al año 2025, tanto en pesos constantes y corrientes como en la porción que está expresada en dólares. La solicitud busca tener total claridad sobre los pagos realizados y los que aún están pendientes dentro del contrato que ejecuta el consorcio Sacyr.
El requerimiento surge luego de que se conociera una posible advertencia sobre el aplazamiento de recursos por parte del Gobierno Nacional, lo que podría afectar la continuidad del proyecto. Este riesgo encendió las alertas en la Contraloría, ya que el Canal del Dique es una obra considerada prioritaria para recuperar ecosistemas degradados, controlar inundaciones y proteger a más de 1,5 millones de habitantes en municipios ribereños de Bolívar, Atlántico y Sucre.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, también se sumó a la exigencia de transparencia. En una comunicación formal, pidió un informe interno que garantice el cumplimiento adecuado y oportuno de los pagos pactados para el próximo año. El documento advierte que, si alguna de las vigencias no se ha desembolsado, la ANI deberá informar las razones y detallar las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda u otras instancias competentes para garantizar los recursos.
“Este es un proyecto que no puede detenerse. Está en juego la seguridad ambiental y el bienestar de miles de familias que por décadas han vivido los efectos de las inundaciones”, señaló una fuente de la Contraloría consultada sobre el requerimiento.
El seguimiento busca evitar que los problemas administrativos o retrasos presupuestales comprometan el avance de la obra, cuyo objetivo central es restaurar el equilibrio ecológico del Canal del Dique y mejorar la conexión fluvial entre la bahía de Cartagena y el río Magdalena.
Preocupación en las comunidades del sur del Atlántico
Mientras avanza el escrutinio fiscal, en el territorio crece la preocupación por los posibles retrasos en los pagos. Uriel Ávila, líder campesino y vocero de las comunidades rurales en Manatí, sur del Atlántico, advirtió que si el Gobierno no desembolsa los recursos, los trabajos podrían detenerse en cuestión de días.
“Los contratistas ya están avisando que, si no se paga, en unos 20 días se paralizan las obras. La deuda supera los $492 mil millones y desde agosto se están generando intereses moratorios. Nosotros no vemos voluntad del Gobierno Nacional”, dijo Ávila.
Los habitantes de los municipios ribereños del canal aseguran que el proyecto no solo representa una inversión ambiental, sino una esperanza de estabilidad económica y de protección frente a nuevas inundaciones. “No queremos que se repita lo que pasó con la ola invernal, que nos dejó sin cultivos, sin casas y sin caminos”, recordó otro habitante de Santa Lucía.
El proyecto de restauración del Canal del Dique fue adjudicado al Consorcio Ecosistemas del Dique, liderado por la empresa española Sacyr, con una inversión total que supera los $3,2 billones de pesos. La iniciativa contempla la construcción de compuertas, esclusas, diques y sistemas de regulación hidráulica que permitirán controlar el flujo del agua y reducir la sedimentación que por años ha afectado a las ciénagas y manglares del Caribe.
Sin embargo, los retrasos en los pagos y la incertidumbre sobre la financiación futura están generando inquietud tanto en las comunidades como entre los trabajadores de la obra. La Contraloría busca con su intervención garantizar que los recursos comprometidos no se posterguen ni se pierdan en trámites administrativos.
Por ahora, las comunidades ribereñas esperan una respuesta pronta del Gobierno, mientras la ANI prepara el informe exigido por el ente de control. En la Costa, el mensaje es claro: el Canal del Dique no puede detenerse.
