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El Consejo Gremial de Bolívar (CGB) se pronunció frente al anuncio del proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que plantea un cobro nacional de 8 pesos por kilovatio hora (kWh) en la tarifa de energía eléctrica, con el propósito de cubrir las deudas de la empresa Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno Nacional.
A través de un comunicado, el gremio expresó su rechazo a que los costos derivados de la intervención estatal sean trasladados a los usuarios del servicio eléctrico en todo el país, ya que el gremio considera que esta medida responde a un problema generado por fallas administrativas y fiscales del Estado, particularmente por el retraso en el giro de subsidios y la intervención de la empresa sin respaldo presupuestal suficiente.
“El riesgo sistémico que hoy se argumenta ha sido inducido por la falta de giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Trasladar estos incumplimientos al bolsillo del usuario sienta un precedente que no puede ser aceptado”, señaló Camilo Liveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, en su pronunciamiento.
El gremio advirtió que utilizar componentes tarifarios para cubrir vacíos financieros relacionados con decisiones gubernamentales convierte a los ciudadanos y al sector productivo en responsables indirectos de problemas estructurales.
“El sector productivo y la ciudadanía no pueden convertirse en la caja menor para subsanar la falta de rigor técnico y fiscal del Gobierno”, agregó la organización.
¿A quién afectaría el cobro de 8 pesos por kWh y cómo impactaría la factura de energía?
El gremio señaló que el cobro nacional propuesto afectaría a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, dado que se aplicaría en la tarifa de energía en todo el país. Asimismo, advirtió que este componente no estaría ligado al consumo regional, sino que distribuiría entre todos los colombianos un costo derivado de decisiones administrativas asociadas a la empresa Air-e, hoy intervenida por el Estado.
Asimismo, el Consejo cuestionó que la solución propuesta no contemple de manera integral a toda la región Caribe. En particular, pidió que el Gobierno incluya a los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena, zonas atendidas por Afinia, empresa que —según el gremio— enfrenta una situación financiera similar a la de Air-e.
“Es inequitativo salvar solo a una parte del Caribe, asumiendo que el respaldo de EPM es ilimitado. Afinia enfrenta la misma asfixia financiera y debe ser incluida en las decisiones del Gobierno”, manifestó el Consejo.
Ante este panorama, el Consejo Gremial de Bolívar exigió que el Gobierno Nacional cumpla de manera inmediata con sus obligaciones legales, especialmente en el pago de subsidios, y garantice que el cobro propuesto no se convierta en una carga permanente para los usuarios. “Este cobro no puede transformarse en un impuesto eterno a la ineficiencia estatal”, concluyó la organización.
Por ahora, el proyecto de resolución continúa en revisión por parte del Ministerio de Minas y Energía, mientras distintos sectores evalúan su impacto en las tarifas de energía a nivel nacional.
¿Por qué se propone un cargo transitorio en la energía?
El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en entrevista con La FM señaló que la iniciativa es el resultado de un trabajo de más de año y medio con autoridades del sector para enfrentar los efectos de los no pagos de Air-e desde noviembre de 2023. Indicó que existe una deuda que supera los tres billones doscientos mil pesos, la cual, de no reconocerse de alguna manera en el tiempo, puede afectar los balances financieros de varias empresas del sector.
Explicó que, tras la intervención gubernamental, se acumularon obligaciones que, de no atenderse, pueden generar un efecto en cadena. “Puede destruirle el balance a muchas empresas”, afirmó, al advertir que la falta de una solución podría impactar la presentación de estados financieros y la sostenibilidad de las compañías involucradas.
Según Ortega, el problema no se limita a una sola empresa, sino que compromete la estabilidad del sistema. “Está en juego la estabilidad de un sistema del cual dependemos todos”, dijo, al señalar que la quiebra sucesiva de empresas podría derivar en interrupciones del suministro eléctrico para los hogares.
En ese contexto, recordó que la Ley 142 contempla mecanismos para enfrentar crisis sistémicas y comparó la situación con el uso del seguro de depósitos en el sector financiero. “Cuando hay riesgos sistémicos, todo el mundo se beneficia de que exista un mecanismo de apoyo”, explicó durante la entrevista.
