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El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer una propuesta de medidas orientadas a reforzar la confiabilidad, la complementariedad y la continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia, ante un contexto de riesgos financieros en el sector eléctrico que podrían afectar la operación normal del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Esta iniciativa busca responder a la situación económica de varias empresas del mercado eléctrico intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre ellas la compañía Air-e, que opera en la región Caribe y acumula una deuda significativa con generadores y transmisores del sistema mayorista.
Ajustes temporales y mecanismos de recaudo
La propuesta incluye la implementación de un cobro adicional temporal de 8 pesos por kilovatio-hora consumido para todos los usuarios del SIN, que se recaudaría a través del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).
Estos recursos serían distribuidos entre los agentes acreedores, en particular los vinculados a empresas del sector eléctrico intervenidas por la Superintendencia, con especial atención a la deuda significativa de Air-e.
Según lo planteado, esta medida tendría carácter transitorio y permanecería vigente mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) reglamenta e implementa un esquema de confiabilidad más estructurado para mitigar el riesgo sistémico en el sistema eléctrico nacional.
Para este fin, la CREG contará con un plazo estimado de seis meses para establecer reglas específicas que consideren la liquidación por la energía suministrada y la valoración del potencial riesgo sistémico de los agentes del mercado.
Regulación y estrategias de largo plazo
Como parte de la misma línea de acción, el Ministerio señaló que la CREG deberá diseñar e implementar un esquema de energía firme complementaria en un plazo de hasta dieciocho meses, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro mediante la incorporación de tecnologías que provean energía firme, como fuentes solares y eólicas, dentro del cargo por confiabilidad.
Este esquema busca cuantificar, valorar y remunerar la energía que pueda contribuir de manera consistente al abastecimiento del sistema, especialmente en periodos críticos.
Las medidas anunciadas también responden a informes técnicos del Administrador del Mercado de Energía Mayorista (XM), que han señalado cómo una situación financiera crítica de operadores con una participación relevante en la demanda total (por ejemplo, más del 11% en el caso de Air-e) puede generar impactos significativos para la estabilidad del mercado mayorista.
Impacto y horizonte de la intervención
La propuesta del Ministerio contempla que estas acciones entren en vigencia apenas sean adoptadas oficialmente, lo que implicaría cambios en las tarifas que pagan los usuarios del servicio eléctrico de manera temporal, con el objetivo de salvaguardar la prestación continua y confiable del servicio mientras se definen soluciones regulatorias y de mercado más permanentes.
En conjunto, estas medidas reflejan el enfoque actual del Gobierno para gestionar las tensiones financieras del sector eléctrico, atendiendo tanto factores de corto plazo —como la deuda de Air-e— como la construcción de marcos regulatorios que fortalezcan la confiabilidad y la sostenibilidad del sistema energético nacional.
