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En medio del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que este martes será firmado el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno busca financiar la atención de la ola invernal. La principal medida es la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
La decisión se da tras el balance preliminar presentado por el Ejecutivo: 65 emergencias registradas, 53 por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos; más de 69.000 familias afectadas, 10 personas fallecidas, cerca de 20.000 hectáreas impactadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado de atención asciende a 8 billones de pesos.
Del anuncio inicial al nuevo esquema: ¿sube o baja la tarifa?
Semanas atrás, el ministro había anticipado un impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios desde 200.000 UVT —alrededor de 10.000 millones de pesos— con dos tarifas:
•0,6 % para patrimonios hasta 600.000 UVT.
•1,2 % para patrimonios superiores a ese umbral.
Sin embargo, en el Consejo de Ministros anunció ajustes frente a esa propuesta inicial.
El nuevo esquema establece:
•Tarifa general del 0,5 % para todas las personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos).
•Tarifa diferencial del 1,6 % para los sectores financiero y minero-energético.
Esto significa que frente al anuncio previo:
•Para la mayoría de empresas, la tarifa baja de 0,6 % a 0,5 %.
•Para los sectores financiero y minero-energético, la tarifa sube frente al 1,2 % planteado inicialmente y queda en 1,6 %.
Ávila explicó que el patrimonio gravable será el patrimonio líquido, es decir, el patrimonio descontando las deudas. “Solamente empiezan a tributar empresas con un patrimonio superior a esos 10.474 millones de patrimonio líquido”, precisó.
Según el Ministerio de Hacienda, el 56 % del recaudo proyectado provendría de los sectores financiero y minero-energético, mientras que el 44 % correspondería al resto de sectores productivos.
Pago en dos cuotas y recaudo en el corto plazo
El decreto establece que el tributo deberá declararse y pagarse en dos cuotas:
•50 % el 1 de abril de 2026.
•50 % el 4 de mayo de 2026.
“El tributo se va a declarar y a pagar en dos cuotas (…) en un plazo corto tendríamos los recursos para atender las emergencias que estamos viviendo”, indicó el ministro.
El Gobierno proyecta un recaudo cercano a 8 billones de pesos, aunque Ávila advirtió que no está garantizado que cubra la totalidad de la emergencia, dado que los niveles de afectación continúan ampliándose.
Antecedente de 2009: tarifas más altas
El ministro recordó que durante el fenómeno de La Niña en 2009 se adoptó un impuesto a la riqueza con tarifas superiores: 2,4 % para empresas con más de 119.370 UVT y hasta 4,8 % para compañías con cerca de 200.000 UVT, que posteriormente, con una sobretasa del 25 %, llegó al 6 %.
“Sobre ese antecedente, entonces planteamos un nuevo esquema en el que, en primer lugar, redujimos al 0,5 % el impuesto para todas las empresas que tuvieran más de 200.000 UVT de patrimonio líquido”, afirmó.
Diálogo con la banca y advertencia sobre inversión forzosa
En paralelo, el ministro se refirió a las conversaciones con el sector financiero sobre la posibilidad de una inversión forzosa, mecanismo que el Gobierno ha utilizado en el pasado.
De acuerdo con Ávila, tras plantear esa opción, los bancos —a través de Asobancaria— presentaron una contrapropuesta con medidas que el Ejecutivo considera “válidas”. Entre ellas:
•Periodos de gracia de hasta 12 meses para deudas en zonas afectadas.
•No causación de intereses durante ese periodo.
•Conservación de la calificación crediticia.
•Suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos.
•Modelo de atención prioritaria y educación financiera.
“Tuvimos la oportunidad (…) de conversar con el sector financiero. Les explicábamos que había necesidad de hacer un esfuerzo por parte de todos los sectores en la contribución a esta nueva realidad”, sostuvo.
El ministro también expuso las utilidades del sector: en 2024, los establecimientos de crédito registraron ganancias por 8,7 billones de pesos y en 2025 por 17,7 billones; los bancos pasaron de 8,3 billones a 14,2 billones en el mismo periodo.
Exigencia de reducción inmediata de tasas para economía popular
Más allá de los alivios, el Gobierno exigió una reducción inmediata de tasas de interés para créditos de la economía popular.
Actualmente, según el Ministerio, la tasa promedio para el sector agropecuario ronda el 30 %, cifra que se explica por la intervención del Banco Agrario. Sin ese efecto, estaría cerca del 50 %. En otros segmentos de economía popular y microcrédito, la tasa promedio se ubica en 52,5 %.
“Esto es absolutamente desproporcionado, estos son tasas inmanejables para los sectores productivos de la pequeña economía popular”, afirmó Ávila.
El ministro recordó que el Fondo Nacional de Garantías llegó a cubrir hasta el 90 % de estos créditos, con cerca de 6 billones de pesos garantizados, por lo que, en su criterio, no se justifican tasas de ese nivel.
Crédito asociativo y reforma agraria
Ávila también planteó la necesidad de fortalecer el crédito asociativo y de articular la financiación con la estrategia de reforma agraria. Explicó que el mapa de entrega de tierras debe estar acompañado de un mapa de generación de crédito por parte del sistema financiero.
Advirtió que, si no se logra “un flujo y un volumen suficiente, una masa de crédito suficiente para recuperar la zona”, el Gobierno podría retomar la alternativa de la inversión forzosa.
Una primera fase y posibles nuevas medidas
El impuesto al patrimonio constituye, según el ministro, la primera gran medida para atender la emergencia. No obstante, dejó abierta la puerta a nuevos decretos si el recaudo resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis climática.
La discusión con la banca continuará durante la semana, mientras el decreto de emergencia económica entra en vigor con el objetivo de garantizar recursos inmediatos para la atención de las zonas afectadas.
