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El Consejo de Estado le dio un revés al debate del salario mínimo de 2026. La Sección Segunda, donde aterrizaron una veintena de demandas contra el decreto del incremento del 23% para este año, revocó la suspensión que un magistrado impuso en febrero del acto administrativo.
La decisión significa, en la práctica, que el primer decreto revive, hasta que el alto tribunal llegue a un fallo de fondo. La Segunda, con una votación reñida de tres votos a favor y dos en contra, resolvió el recurso de súplica que interpuso el gobierno de Gustavo Petro, que defiende la idea de un salario mínimo “vital”.
Ya no se trata de una determinación de un magistrado ponente, como la suspensión cinco meses atrás —que adoptó el consejero Juan Camilo Morales—, sino de toda la Sección, que analiza asuntos laborales y pensionales dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.
Las discusiones internas en la Sección Segunda sobre el salario mínimo de 2026
La sala planteó varios interrogantes, derivados de la orden que acompañó la suspensión: decretar un salario transitorio. El Ejecutivo acató en su momento la decisión, volviendo a imponer un 23% como porcentaje en acrecentamiento, y la Sección señala que, a raíz de esa postura, hay un conflicto frente a cuál es la norma que debería analizarse o, eventualmente, anularse.
“¿El análisis de legalidad debe realizarse sobre ambos actos administrativos, porque el transitorio, expedido según los parámetros contenidos en el auto del 12 de febrero de 2026, mantiene sustancialmente los efectos del suspendido?”, cuestiona el nuevo auto, de diecinueve páginas.
La discusión da cuenta de que las irregularidades que el magistrado Morales detectó preliminarmente, como el incumplimiento de los requisitos para decretar un aumento cuando no se llegó a un consenso con los gremios y sindicatos, son complejas y requieren una deliberación más compleja de cara a una decisión de fondo, no a una medida provisional.
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