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La Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos contra la sociedad extranjera Frontera Energy Corporation (Canadá), por la presunta infracción al régimen de matrices y subordinadas.
De acuerdo con el ente de control, la petrolera no habría incluido en la revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial que constan en el registro mercantil a seis sociedades extranjeras subordinadas con sucursal en Colombia, entre las que se hallan vinculadas la compañía Frontera Energy Colombia Corp. (Suiza), con sucursal en Colombia, y otras con domicilio en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
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La investigación administrativa se inició por solicitud de inversionistas de la sociedad extranjera Frontera Energy Corporation (Canadá) que tramitan ante un juzgado en Colombia una acción de reparación por perjuicios causados a un grupo.
En este evento, al parecer existen unas sociedades en el exterior con presencia en Colombia que son controladas por Frontera Energy Corporation (Canadá) y, en esta medida, debió revelarse en el registro mercantil su vinculación al conglomerado que presuntamente involucra a treinta entidades.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que “la revelación de las situaciones de control o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas.
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Por consiguiente, aunque el derecho societario permite que una o varias personas naturales o jurídicas puedan constituir y controlar sociedades, también impone la obligación de solicitar la inscripción en el registro mercantil de esta realidad, de forma completa y precisa”.
Según Supersociedades, la revelación de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, realidad de las operaciones entre vinculadas, consolidación de estados financieros, evaluación de riesgos y efectos en casos de insolvencia.
La sociedad investigada podrá ejercer su derecho de defensa dentro del término señalado en la Ley.
