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La Asociación Colombiana de Productores de Agregados (Asogravas) advirtió que la crisis en el kilómetro 18+600 de la vía Bogotá–Villavicencio ya representa pérdidas superiores a $1.500 millones diarios, en el sector de materiales de construcción, lo que afecta la continuidad de obras de vivienda e infraestructura en Bogotá y la Región Central.
Asogravas señaló que 15 días después del derrumbe no hay avances sustanciales en las obras de canalización, ni en la estabilización de la montaña.El gremio denunció que la remoción en masa alcanzó el cauce del río Une y que no se han hecho estudios geológicos detallados que definan la solución técnica.
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“Cada día de inacción significa pérdidas millonarias, empleos en riesgo y más familias afectadas. Es momento de que el Gobierno Nacional asuma el control de esta emergencia con determinación y celeridad”, dijo Carlos Fernando Forero Bonell, director ejecutivo de Asogravas.
La situación golpea de manera directa el transporte de arena y grava provenientes del Meta, que suman hasta 20.000 toneladas diarias. Con los pasos restringidos definidos en el Plan de Manejo de Tráfico, esa operación está paralizada o seriamente limitada.
Asogravas insistió en que se privilegie el transporte de carga en el corredor, clave para el abastecimiento de materiales, combustibles, alimentos y otros bienes.
Pérdidas en la región
Según el gremio, las restricciones también afectan a los municipios cercanos, que enfrentan cierres de comercios, problemas en acueductos y familias damnificadas que dependen de ayudas humanitarias. Se calcula que el Meta ya acumula pérdidas por más de $180.000 millones, mientras Bogotá enfrenta riesgos de desabastecimiento de materiales y sobrecostos en las obras.
Exigencias al Gobierno
Asogravas pidió que el Ejecutivo asuma de manera centralizada la atención de la emergencia y defina quién debe ejecutar las obras, si la ANI o la concesión. También planteó alivios inmediatos, como reducción de peajes, subsidio a combustibles y líneas de crédito de emergencia para empresas y transportadores.
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“Este cierre no solo golpea al sector de los agregados; está poniendo en jaque la competitividad del país y el bienestar de miles de familias”, agregó Forero.
